Durante años, la Isla Santay ha sido vista como un símbolo de conservación. Es un humedal de importancia internacional, un área protegida frente a una de las principales ciudades del país, y un refugio de biodiversidad en medio del estuario del Guayas. Todo eso es cierto, pero también es incompleto. Santay no es solo un ecosistema; es, primero que nada, un territorio vivido.
En Santay vive una comunidad. Familias que han construido su vida en relación con el río, el manglar y los ciclos naturales del humedal. Esta presencia no es reciente ni marginal; es parte fundamental del territorio. Sin embargo, a menudo las formas de pensar y gestionar la isla tienden a ignorar esta dimensión, como si la conservación exigiera separar la naturaleza y la sociedad.
Ese es, quizás, uno de los principales desafíos conceptuales que enfrenta Santay: superar la idea de que proteger implica aislar. En la práctica, la isla nos enseña lo contrario. Aquí, no se puede entender la conservación sin la comunidad, y la comunidad no puede prosperar sin el ecosistema que la sostiene. Es en esa interdependencia donde residen su valor y su complejidad.
Hablar de Santay como un humedal habitado no es solo una frase. Es una forma diferente de entender el territorio y, por tanto, de gestionarlo. Implica reconocer que en este espacio se tiene unas dimensiones ecológicas, sociales, culturales y económicas que no pueden abordarse por separado. También implica aceptar que las decisiones no pueden tomarse solo desde criterios técnicos o administrativos, sino que deben incluir la experiencia de quienes viven y conocen el lugar desde dentro.
Durante décadas, en Santay se han formado procesos que muchas veces no son visibles desde afuera. Estas incluyen prácticas de adaptación al entorno, formas de organización comunitaria, iniciativas de educación ambiental y vínculos con instituciones y actores externos. Este conocimiento acumulado es un recurso fundamental. Ignorarlo empobrece la gestión y la hace menos efectiva.
El desafío, entonces, no es pequeño. Se trata de revisar los enfoques tradicionales de manejo de áreas protegidas y avanzar hacia modelos más completos. La comunidad no debe verse como un elemento a controlar o integrar de manera superficial; debe ser un actor central en la construcción del territorio. También se debe repensar las herramientas de planificación, los métodos de participación y cómo se conectan las políticas públicas con las realidades locales.
Santay tiene una particularidad que debe verse como una oportunidad: su cercanía con la ciudad. Esta proximidad la convierte en un lugar ideal para la educación ambiental, para el encuentro entre lo urbano y lo natural, y para crear una ciudadanía más consciente de su entorno. Pero esta potencialidad solo puede desarrollarse completamente si se reconoce la complejidad del territorio y se actúa en consecuencia.
Reducir Santay a una categoría administrativa o a un destino turístico es perder de vista su dimensión más profunda. Es ignorar que es un territorio donde se cruzan historias, prácticas y expectativas que no pueden simplificarse. Limitarlo es restringir las posibilidades de tener una gestión verdaderamente sostenible.
Pensar en Santay como un humedal habitado no soluciona automáticamente sus problemas, pero sí ayuda a formular mejor las preguntas. ¿Cómo equilibrar la conservación y el desarrollo comunitario? ¿Cómo crear políticas que reconozcan la diversidad de actores? ¿Cómo asegurarse de que las decisiones reflejen la complejidad del territorio y no solo una parte de ella?
Responder a estas preguntas requiere más que normas o infraestructura. Requiere una mirada diferente. Una que entienda que en ciertos territorios la naturaleza y la sociedad no se oponen, sino que coexisten en una relación dinámica que debe ser comprendida antes que regulada. Santay es uno de esos territorios. Reconocerlo como tal es el primer paso para estar a la altura de su realidad.
José Delgado Mendoza,
Gestor cultural y ambiental,
Director del Observatorio de Santay
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