Los cocodrilos de Santay

En junio de 2006, doce cocodrilos de la Costa llegaron a la isla Santay para formar parte de una estación de investigación y conservación. Su presencia estuvo acompañada de un proceso de educación ambiental dirigido a la comunidad, con el propósito de comprender mejor la importancia de esta especie y aprender a convivir con ella.

Aquellos animales, nacidos y criados en cautiverio, procedían principalmente del Parque Histórico de Guayaquil y de la provincia de Esmeraldas. Con el paso del tiempo, la cocodrilera se convirtió en uno de los lugares más conocidos de la isla y en una referencia para sus visitantes.

Pero los cocodrilos de Santay no deben ser vistos únicamente como una atracción turística. Son cocodrilos de la Costa, una especie estrechamente relacionada con los humedales, manglares, esteros y lagunas costeras. Su protección debe formar parte de una responsabilidad permanente.

Su historia en Santay también está unida a la comunidad. Durante años, pobladores de la isla asumieron su cuidado cotidiano, aprendieron a manejarlos y contribuyeron a que estos animales crecieran bajo vigilancia. Esa relación demuestra que la conservación no depende solamente de instalaciones o decisiones institucionales: también necesita personas comprometidas, conocimiento local, recursos y continuidad.

Por eso, quienes tuvieron la iniciativa de llevar estos cocodrilos a Santay, así como las instituciones que respaldaron aquel proyecto, deberían mantener el interés y la responsabilidad de conocer periódicamente cuál es su situación: si reciben una alimentación adecuada, si cuentan con atención veterinaria, si su espacio reúne las condiciones necesarias y si están siendo tratados correctamente.

Llevar una especie a un lugar para convertirla en parte de un proyecto de conservación no puede ser una decisión que termine con su traslado o con la inauguración de una instalación. Esa responsabilidad debe mantenerse durante toda la vida de los animales.

Hoy, los cocodrilos forman parte de la identidad de Santay. Junto con el manglar, se han convertido en uno de los elementos más representativos de la isla para sus pobladores y visitantes.

Protegerlos significa mucho más que alimentarlos o mantener en buen estado la cocodrilera. Significa garantizar manejo técnico, atención veterinaria, seguridad, educación ambiental y condiciones dignas para su permanencia. También significa recuperar su historia y enseñarla correctamente a los niños, visitantes y futuras generaciones.

Santay ha cuidado durante veinte años a estos animales. Es justo que quienes promovieron su llegada no pierdan contacto con ellos y se preocupen por saber cómo están y qué necesitan.

Proteger a los cocodrilos de Santay es también proteger la memoria, la identidad y la naturaleza de la isla.

José Delgado Mendoza, Gestor Cultural y Ambiental, director del Observatorio de Santay

Este contenido ha sido publicado originalmente por EL COMERCIO. : https://www.elcomercio.com/cartas/cartas-a-quito-30-de-agosto-de-2026/

Santay necesita más que visibilidad

Durante los últimos años, el Observatorio de Santay ha procurado mantener los ojos puestos sobre la isla mediante exposiciones, actividades educativas, recuperación de su memoria y un trabajo permanente con la escuela, los guardaparques y la comunidad.

En los próximos días llegaremos a nuestra vigésima exposición. Es un logro importante para un pequeño espacio cultural levantado en medio de un humedal y sostenido con muchas limitaciones. Pero también debemos reconocer algo: hacer visible a Santay no es suficiente.

Una exposición puede despertar interés, una fotografía puede recorrer las redes y una actividad puede reunir por algunas horas a niños, docentes, visitantes y pobladores. Sin embargo, la comunidad necesita mucho más que momentos de atención. Necesita acompañamiento constante, organizaciones activas y autoridades capaces de transformar esa visibilidad en respuestas concretas.

Santay continúa enfrentando dificultades de acceso, movilidad, servicios básicos, educación, conectividad y oportunidades económicas. Su población no puede permanecer sola reclamando aquello que le corresponde, mientras las instituciones y organizaciones que deberían acompañarla aparecen únicamente en determinados momentos.

El Observatorio seguirá cumpliendo su misión cultural y educativa. Continuará organizando exposiciones, trabajando con la escuela, conservando la memoria de la isla y buscando que el público vuelva a acercarse a este humedal. Pero el Observatorio no puede ni debe reemplazar el trabajo de las organizaciones sociales, de las instituciones públicas ni de quienes tienen responsabilidades directas con la comunidad.

Santay necesita una sociedad organizada que escuche, proponga, participe y acompañe. Necesita que la atención generada por sus paisajes, su biodiversidad y su historia se traduzca también en mejores condiciones para quienes viven allí y han contribuido durante generaciones a conservarla.

Hemos logrado que muchas personas vuelvan a mirar hacia Santay. El desafío ahora es que no se limiten a observarla, sino que también decidan actuar por ella.

José Delgado Mendoza, Gestor Cultural y Ambiental y director del Observatorio de Santay

Este contenido ha sido publicado originalmente por EL COMERCIO: https://www.elcomercio.com/cartas/cartas-a-quito-14-de-agosto-de-2026/

Economía solidaria para Santay

La Isla Santay no es solo un destino turístico. Es un humedal, un área protegida y un territorio habitado, donde una comunidad ha intentado durante años organizarse, sostener actividades productivas, atender visitantes y conservar un patrimonio natural y cultural de enorme valor. Precisamente por esa condición excepcional, su organización comunitaria se ha estructurado bajo los lineamientos de la Economía Popular y Solidaria, entendiendo que el desarrollo del territorio solo puede construirse desde el esfuerzo colectivo y el bienestar común.

Sin embargo, en la práctica, esa comunidad ha recibido poco acompañamiento real. Se le exige organización, cumplimiento administrativo y capacidad de gestión, pero no siempre se le brinda asistencia técnica sostenida, capacitación, fortalecimiento comercial, acceso a mercados, apoyo para mejorar sus servicios ni articulación efectiva con las instituciones públicas responsables.

Es posible que dentro del sistema de Economía Popular y Solidaria las asociaciones ocupen un lugar menos visible que las cooperativas, sobre las cuales suele concentrarse mayor atención institucional. Pero eso no debería convertirlas en organizaciones de segunda categoría. Si una comunidad se organiza bajo esta figura, cumple requisitos y forma parte del sistema, debe existir también un compromiso de fortalecimiento que acompañe esa pertenencia.

La membresía o reconocimiento dentro de la Economía Popular y Solidaria no debería significar solo obligaciones para la comunidad. También debería abrir una puerta a capacidades, herramientas, orientación técnica y oportunidades reales. De lo contrario, la formalización termina siendo una carga antes que un apoyo.

El problema de Santay no es la falta de voluntad comunitaria. El problema es que la Economía Popular y Solidaria no puede limitarse a registrar organizaciones, supervisarlas o pedirles requisitos. En territorios frágiles, habitados y ambientalmente estratégicos, debe traducirse en presencia, guía, formación y acompañamiento permanente.

Santay podría ser un caso piloto nacional de economía solidaria aplicada a un humedal habitado y a un área protegida con población local. Allí convergen conservación, turismo comunitario, educación ambiental, cultura fluvial y economía local. Pero para que eso ocurra, se necesita una acción coordinada entre las instituciones de economía popular y solidaria, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Turismo, los gobiernos locales de Guayaquil y Durán, la academia y la propia comunidad.

No se puede pedir a una comunidad que cuide un humedal, habite responsablemente un área protegida, reciba visitantes, sostenga servicios y genere ingresos dignos si el Estado no la acompaña de manera seria. La Economía Popular y Solidaria será realmente transformadora cuando llegue a territorios como Santay no solo como normativa, sino como una política viva, cercana y útil.

Santay no necesita más discursos sobre desarrollo territorial. Necesita que esos discursos se conviertan en acompañamiento concreto.

José Delgado Mendoza, Gestor Cultural y Ambiental, Director del Observatorio de Santay

Este contenido ha sido publicado originalmente por EL COMERCIO. : https://www.elcomercio.com/cartas/cartas-a-quito-3-de-agosto-de-2026/

Santay también merece esa coherencia

Hace poco, una alta autoridad del Ecuador dijo una frase importante: “Galápagos demuestra que cuando un país protege su patrimonio natural también protege el bienestar de su gente”.

Me parece una frase muy valiosa. Porque recuerda algo esencial: la conservación no puede separarse de la vida de las personas. No se protege realmente un territorio si se deja de lado a quienes lo habitan, lo cuidan o dependen de él. Desde esa misma mirada, creo que vale la pena pensar también en la isla Santay.

Santay es patrimonio natural del Ecuador. Es un humedal Ramsar, un área protegida y, sobre todo, un territorio habitado. Allí vive una comunidad que, durante décadas, ha convivido con el río, el manglar, la pesca, la memoria fluvial y las posibilidades de un turismo comunitario responsable.

Por eso, cuando el acceso permanece cerrado, cuando la infraestructura se deteriora, cuando la movilidad diaria se vuelve cada vez más difícil, cuando la escuela y las actividades comunitarias enfrentan tantas limitaciones, no solo se afecta a un espacio natural.

Se afecta también a la gente. A las familias que viven allí. A los niños que estudian allí. A quienes han tratado de sostener, con mucho esfuerzo, una relación digna entre conservación, comunidad y trabajo. No se trata de comparar a Santay con Galápagos. Mucho menos de restar importancia al valor inmenso que tienen las islas para el Ecuador y para el mundo. Se trata, más bien, de que esa misma coherencia pueda llegar también a otros territorios protegidos del país.

Porque Santay también necesita atención. Necesita mantenimiento, seguridad, acompañamiento institucional y condiciones mínimas para que su comunidad pueda seguir viviendo con dignidad dentro de un área protegida. Santay no pide privilegios. Pide algo más sencillo y justo: que el principio sea el mismo.

Si proteger el patrimonio natural significa proteger también el bienestar de su gente, entonces la conservación de Santay debe incluir a su comunidad, sus accesos, su escuela, su economía local y su dignidad cotidiana.

Porque un área protegida no se conserva solo con declaratorias. Se conserva con presencia, cuidado, responsabilidad y continuidad.

José Delgado Mendoza, Gestor Cultural y Ambiental, director del Observatorio de Santay

Este contenido ha sido publicado originalmente por EL COMERCIO.  https://www.elcomercio.com/cartas/cartas-a-quito-27-de-julio-de-2026/

Santay no puede seguir esperando

Han pasado 231 días desde el cierre del acceso peatonal y ciclista a la Isla Santay. Lo que inicialmente pudo entenderse como una medida necesaria por razones de seguridad, hoy se ha convertido en una espera demasiado larga para una comunidad que vive dentro de un humedal de importancia internacional.

Santay no es únicamente un sitio turístico. Es un territorio habitado, con familias, niños, escuela, memoria, trabajo comunitario y una relación diaria con el río y el humedal. Cuando el acceso permanece cerrado durante tantos meses, no se detiene solamente la visita turística: se afecta la economía local, se limita la educación formal y ambiental, se debilita la vida comunitaria y se golpea la dignidad de una población que ha demostrado por años compromiso con su territorio.

La infraestructura de acceso a Santay fue ejecutada con recursos públicos. Por tanto, debía estar sujeta a planificación, fiscalización, mantenimiento y control. Si el propio Estado identificó problemas técnicos o deficiencias en esas obras, correspondía activar oportunamente los mecanismos institucionales para exigir reparaciones, responsabilidades y soluciones. Lo que no podía ocurrir era que la infraestructura quedara abandonada y que las consecuencias terminaran cayendo sobre la comunidad.

Además, han pasado cerca de diez años desde que la Contraloría General del Estado, en un informe especial, advirtió que el material utilizado en las ciclovías no tendría una duración adecuada, tanto por su calidad como por la forma en que fue colocado. Es decir, el deterioro actual no puede presentarse como una sorpresa. Hubo señales, observaciones y alertas institucionales que debieron activar decisiones oportunas.

Lo más triste es que este caso no ha sido invisible. Ha pasado por escritorios, informes, reuniones y competencias institucionales. Algunos funcionarios, incluso, han conocido el caso desde distintas funciones públicas, viendo regresar el mismo problema una y otra vez sin que se active una respuesta suficiente. Sin embargo, ni siquiera parece haberse hecho lo mínimo indispensable: pedir una actualización administrativa del caso, conocer el estado real de las gestiones entre las carteras responsables, exigir información técnica clara y comunicar a la comunidad una ruta concreta de solución. Cuando una comunidad espera durante meses sin respuestas, el silencio también se vuelve una forma de abandono.

Desde las esferas burocráticas resulta fácil cuestionar la falta de participación o interés de la comunidad en mejorar las condiciones de una infraestructura pública. Pero la realidad en Santay es distinta: cuando las respuestas institucionales no llegan, la comunidad intenta sostener su territorio con lo poco que tiene.

En medio de esta larga espera, pobladores de Santay han realizado trabajos por iniciativa propia en algunos sectores de la ciclovía, sin recursos estatales y con enormes limitaciones materiales. Ese esfuerzo no debe ser mal visto. Al contrario, demuestra compromiso, organización y sentido de pertenencia. Pero también revela una situación preocupante: una comunidad no debería verse obligada a asumir, con sus propios medios, tareas que corresponden a una obra pública.

También preocupa la seguridad. Mientras en otros espacios se discute cómo fortalecer la protección de las áreas protegidas, en Santay, a pocos cientos de metros de Guayaquil y Durán, dos ciudades densamente pobladas y centrales para la vida económica del país, una comunidad sigue esperando respuestas concretas. La seguridad no puede ser un discurso lejano cuando los habitantes, visitantes y guardaparques enfrentan riesgos cotidianos derivados del deterioro, el abandono y la falta de vigilancia suficiente.

El turismo comunitario no puede seguir paralizado indefinidamente. Muchas familias han construido, con esfuerzo y constancia, una forma honesta de recibir visitantes, contar su historia y mostrar el valor de vivir en un área protegida. Cada día de cierre significa menos ingresos, menos oportunidades y más incertidumbre.

Es comprensible que existan problemas técnicos, administrativos o presupuestarios. Pero lo que no resulta aceptable es que la espera se prolongue sin información clara, sin plazos públicos y sin una hoja de ruta visible para la reparación y reapertura segura del acceso.

Santay no puede seguir esperando mientras la vida comunitaria, la educación y el turismo se mantienen detenidos. Las instituciones responsables deben informar con transparencia qué se ha hecho, qué falta por hacer, quién tiene la competencia directa, qué acciones de control se han iniciado y cuándo se devolverá a la comunidad y a la ciudadanía un acceso digno, seguro y funcional.

La conservación no puede sustentarse únicamente en discursos. Necesita decisiones, mantenimiento, presupuesto, coordinación institucional, seguridad, control público y respeto por la gente que vive en los territorios protegidos.

Santay ya esperó demasiado. No es posible que un proyecto estatal, creado para conectar y beneficiar a una comunidad, termine convirtiéndose en su calvario.

José Delgado Mendoza, Gestor Cultural y Ambiental. Director del Observatorio de Santay

Fotos: Wladimir Torres

Este contenido ha sido publicado originalmente por EL COMERCIO https://www.elcomercio.com/cartas/cartas-a-quito-22-de-julio-de-2026/

Un reconocimiento a un camino compartido con Santay

No resulta sencillo escribir en primera persona sobre un reconocimiento. Siempre existe el riesgo de que la historia termine concentrándose únicamente en quien recibe el premio, cuando detrás de ese resultado hay comunidades, instituciones, colaboradores y muchos años de trabajo compartido.

Por eso, más que hablar de un logro personal, quisiera explicar qué representa el Outstanding Wetland Educator Award 2026, por qué este reconocimiento tiene una especial importancia para la isla Santay y quiénes han sido distinguidos anteriormente.

¿Qué es el Outstanding Wetland Educator Award?

Este premio es otorgado por la Society of Wetland Scientists (SWS), una organización profesional internacional cuya misión incluye promover la investigación, la educación, la conservación, la restauración y el manejo responsable de los humedales.

El reconocimiento distingue a miembros de la Sociedad que han realizado contribuciones especiales a la educación sobre humedales, ya sea en el ámbito público, académico o profesional. Además del reconocimiento institucional, el premio incluye una membresía de tres años en la SWS y la exoneración de la inscripción a la reunión anual en la que se entrega la distinción.

Su importancia radica en que reconoce a la educación como una parte fundamental de la conservación. Los humedales no pueden ser protegidos únicamente mediante normas, investigaciones científicas o declaratorias oficiales. También necesitan comunidades informadas, niños y jóvenes que comprendan su valor y espacios capaces de acercar el conocimiento a la vida cotidiana.

¿Por qué recibí este reconocimiento?

La comunicación difundida por la Convención sobre los Humedales destacó más de treinta años de dedicación a la educación ambiental, la divulgación para la conservación y el trabajo con las comunidades.

También señaló las actividades desarrolladas desde el Observatorio de la isla Santay, donde se han impulsado iniciativas educativas y culturales que reúnen a escuelas, familias, líderes comunitarios, colaboradores y responsables del manejo del área protegida.

Este reconocimiento se relaciona, por tanto, con un camino que comenzó mucho antes de la creación del Observatorio. Es una trayectoria vinculada a la defensa de Santay, al acompañamiento de su comunidad y a la convicción de que la educación ambiental debe estar conectada con la memoria, la cultura, la historia y las condiciones de vida de las personas que habitan el humedal.

Desde su creación, el Observatorio ha procurado ser una pequeña ventana cultural y educativa dentro de Santay. Sus exposiciones, actividades con los niños, programas de divulgación y encuentros comunitarios han buscado demostrar que un humedal no es solamente un espacio natural que debe ser protegido. Es también un territorio habitado, con memoria, conocimientos, problemas, aspiraciones y una relación profunda entre la gente y el ecosistema.

Por eso considero que este premio no pertenece exclusivamente a una persona. Lleva mi nombre, pero también representa a la comunidad de Santay, a sus niños, a los guardaparques, educadores, colaboradores y amigos que han participado en las actividades del Observatorio y que continúan creyendo en el valor de este humedal.

¿Quiénes recibieron anteriormente este premio?

La relación pública de ganadores de la Society of Wetland Scientists incluye a reconocidos científicos, profesores y educadores:

• En 2025, el Dr. William J. Mitsch y el Dr. Dingha Chrispo Babila.
• En 2024, el Dr. Swapan Paul.
• En 2023, la Dra. Michelle Stevens, de California State University, Sacramento.
• En 2022, Joy Marburger, reconocida de manera póstuma y vinculada a Purdue University Northwest, y Beth Lawrence, de la Universidad de Connecticut.

Formar parte de esta relación constituye un gran honor. El registro público disponible de la SWS, que comienza en 2022, no presenta anteriormente a un galardonado latinoamericano. Por ello, la distinción concedida en 2026 representa también un precedente para nuestra región.

Sin embargo, más importante que ocupar un lugar en una lista es la posibilidad de que este reconocimiento ayude a dirigir la mirada hacia Santay y hacia muchos otros humedales latinoamericanos donde la conservación depende de la participación de las comunidades y de una educación ambiental constante.

Un estímulo para continuar

Recibo este premio con gratitud, pero también con un profundo sentido de responsabilidad.

No lo considero un punto de llegada ni la culminación de un trabajo. Lo entiendo como un estímulo para continuar aprendiendo, divulgando y construyendo nuevas oportunidades para que Santay sea conocida, valorada y protegida.

También quisiera que sirva para recordar que la educación ambiental no ocurre solamente en las aulas. Se construye escuchando a las comunidades, recuperando su memoria, acercando el conocimiento científico, creando espacios culturales y ayudando a que cada persona comprenda que la conservación también tiene una dimensión humana.

El Outstanding Wetland Educator Award 2026 lleva mi nombre, pero representa un camino compartido. Un camino que comenzó hace más de treinta años y que continúa cada día junto a la comunidad de Santay y a todas las personas que creen que educar también es una manera de conservar.