Por qué hay que creer en Santay

Hay que creer en Santay porque no es solamente una isla frente a Guayaquil y Durán. Es un territorio vivo, habitado, con memoria, con familias, con niños, con escuela, con trabajo comunitario y con una relación profunda entre la gente, el río y el humedal.

Hay que creer en Santay porque su comunidad ha demostrado, durante décadas, que vivir en un área protegida no significa ser un problema para la conservación, sino parte de su sentido más humano. Allí se ha enseñado, cuidado, resistido y construido mucho más de lo que muchas veces se reconoce desde lejos.

Hay que creer en su escuela. Después de 26 años de esfuerzo comunitario, Santay pudo haber tenido ya un colegio, mejores condiciones, electricidad, internet y más oportunidades para sus niños y jóvenes. Sin embargo, las promesas han sido muchas y las respuestas concretas demasiado pocas. No se puede seguir ofreciendo el oro y el moro mientras necesidades básicas siguen esperando solución.

Hay que creer en sus niños y jóvenes, que siguen estudiando y creciendo a pesar de las dificultades que una escuela sin electricidad ni internet puede generar en estos tiempos. Esa realidad no debería ser normal, mucho menos en un territorio de tanta importancia ambiental y social.

Hay que creer en su población, porque cree en su propia fortaleza y en su solidaridad comunitaria. Cuando las respuestas institucionales han llegado tarde, incompletas o simplemente no han llegado, la comunidad ha intentado sostener su vida cotidiana, su educación, su turismo comunitario y su dignidad con lo poco que tiene.

Hay que creer en Santay porque es un humedal inscrito en la Convención de Ramsar. Ese reconocimiento internacional debe traducirse en mayores garantías de protección, mejores herramientas de gestión y nuevas oportunidades para fortalecer a su comunidad y a su ecosistema. Santay no debe ser vista únicamente como un sitio vulnerable, sino como un territorio con capacidades, derechos, memoria y potencial.

Hay que creer también en la posibilidad de que la cooperación internacional ponga sus ojos en esta isla y responda a sus necesidades. No como caridad ni como ayuda humanitaria, sino como una oportunidad para construir alianzas serias, transparentes y sostenidas en educación, conservación, restauración, seguridad, turismo comunitario y fortalecimiento organizativo.

También hay que creer en la posibilidad de que el aparato administrativo encargado de las áreas protegidas deje de mirar casi exclusivamente hacia Galápagos y ponga atención al resto del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Ecuador tiene otros territorios valiosos, frágiles y habitados que también necesitan presupuesto, presencia institucional, asistencia técnica y decisiones oportunas.

Santay necesita apoyo. Su organización comunitaria debe fortalecerse con capacitación, acompañamiento y ejemplo. Ningún proceso comunitario se sostiene únicamente con buena voluntad. Hace falta planificación, cooperación, liderazgo local, instituciones responsables y una mirada de largo plazo.

Hay que creer en Santay, pero también hay que preguntarse cómo sostener esa confianza cuando, teniendo la isla un muelle de llegada, Guayaquil no cuenta con un muelle de partida dedicado y funcional para su turismo fluvial. Santay necesita accesos seguros también desde Durán, pero ante todo requiere una conexión fluvial digna desde Guayaquil, coherente con su historia, su ubicación y su vocación turística.

Hay que creer en Santay porque su historia demuestra que la conservación no se hace solamente con decretos, discursos o reconocimientos internacionales. Se hace también con mantenimiento, presencia, seguridad, educación, respeto y decisiones públicas responsables. Un humedal habitado necesita instituciones que escuchen, que actúen y que comprendan que detrás de cada obra abandonada hay personas que cargan con sus consecuencias.

No se puede tratar a Santay como un asunto secundario. No puede ser normal que una comunidad ubicada a pocos cientos de metros de dos de las ciudades más importantes del país deba esperar indefinidamente por soluciones básicas. No puede ser normal que una obra pública, creada para conectar y beneficiar, termine convirtiéndose en una carga para quienes debía servir.

Creer en Santay no es idealizarla. Es reconocer sus problemas, sus necesidades y también su enorme valor. Es entender que su comunidad no pide privilegios, sino respuestas concretas, seguridad, acceso digno, educación, conectividad y respeto por su derecho a vivir y trabajar en su territorio.

Hay que creer en Santay porque todavía es posible corregir lo que se ha hecho mal. Porque aún se puede reparar, coordinar, informar, cooperar y actuar. Porque el abandono no puede ser el destino de un humedal de importancia internacional ni de la comunidad que lo habita.

Santay ha esperado demasiado. Y cuando una comunidad sigue creyendo en su territorio, el Estado no tiene derecho a seguir fallando.

José Delgado Mendoza, Gestor Cultural y Ambiental, director del Observatorio de Santay

Este contenido ha sido publicado originalmente por EL COMERCIO. https://www.elcomercio.com/cartas/cartas-a-quito-10-de-julio-de-2026/

Conservar también cuesta

Las áreas protegidas constituyen uno de los mayores patrimonios naturales del Ecuador. Gracias a ellas se preservan ecosistemas, especies y paisajes que benefician a toda la sociedad. Sin embargo, hay una pregunta que debe discutirse con mayor seriedad: ¿cómo garantizar su sostenibilidad cuando los recursos públicos disponibles son cada vez más limitados?

Durante años, el acceso gratuito a muchas áreas protegidas ha permitido que miles de ciudadanos disfruten de estos espacios y fortalezcan su vínculo con la naturaleza. Esa política ha tenido importantes beneficios sociales y educativos. Pero la conservación también tiene costos concretos: mantenimiento de infraestructura, monitoreo ambiental, educación ambiental, control y vigilancia, atención a visitantes y apoyo a las comunidades que habitan algunos de estos territorios.

La isla Santay es un ejemplo claro de esta realidad. Como humedal protegido y habitado, enfrenta desafíos que van más allá de la conservación ambiental. Su sostenibilidad requiere mantener servicios básicos, apoyar la educación ambiental, cuidar la infraestructura pública y fortalecer las oportunidades para la comunidad local.

Un caso específico permite comprender mejor el problema. El ingreso gratuito de visitantes a Santay debe seguir siendo valorado como una política de acceso ciudadano. Sin embargo, cuando el ingreso turístico se reabra formalmente y las ciclovías y camineras estén reparadas, seguras y operativas, será necesario discutir también el uso de bicicletas en la isla. Su tránsito constante, sean bicicletas externas o de uso local, genera un desgaste material directo sobre ciclovías, camineras e infraestructura pública.

Allí aparece una distinción necesaria: una cosa es garantizar el acceso libre de las personas al área protegida, y otra distinta es permitir, sin ningún mecanismo de sostenibilidad, el uso de medios que producen costos permanentes de mantenimiento. En el caso de los visitantes, una contribución específica por el ingreso de bicicletas externas podría ser una medida razonable. En el caso de los pobladores, el mecanismo debería ser diferenciado, justo y construido con la comunidad, considerando que para ellos la bicicleta no es solamente recreación, sino también movilidad cotidiana, trabajo, estudio y vida familiar.

No se trataría de cobrar por entrar al área protegida, ni de limitar el derecho ciudadano a disfrutar de la naturaleza. Se trataría de reconocer que ciertos usos generan costos materiales que alguien debe asumir. Si esos costos no se prevén, la infraestructura se deteriora, la experiencia de los visitantes empeora y la propia comunidad termina enfrentando las consecuencias de una conservación sin recursos suficientes.

Por eso, cualquier contribución relacionada con bicicletas debería estar claramente destinada al mantenimiento de ciclovías y camineras, con reglas transparentes y criterios diferenciados. No puede tratarse de una carga indiscriminada, sino de un mecanismo responsable para sostener una infraestructura que beneficia tanto a los visitantes como a los habitantes de Santay.

En un contexto de restricciones presupuestarias, resulta necesario explorar mecanismos complementarios de financiamiento que permitan generar recursos sin afectar el acceso ciudadano ni los objetivos ambientales. La experiencia internacional demuestra que es posible combinar el apoyo estatal con educación ambiental, turismo responsable, alianzas institucionales, donaciones, cooperación internacional y otros modelos compatibles con la protección de la naturaleza.

Proteger nuestros humedales y áreas protegidas es una responsabilidad colectiva. Pero para que la conservación sea efectiva y duradera, además de voluntad, también se necesitan recursos, gestión y mecanismos transparentes que permitan sostenerla en el tiempo.

La conservación no fracasa por falta de leyes, sino cuando faltan los medios para convertir esas leyes en acciones permanentes.

José Delgado Mendoza, Gestor Cultural y Ambiental, Director del Observatorio de Santay

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Fotografía: Wladimir Torres

¿Quién debe reparar Santay?

Durante los últimos meses se ha vuelto frecuente escuchar que la comunidad de la Isla Santay debe involucrarse en la búsqueda de soluciones para recuperar el turismo afectado por el cierre del acceso peatonal y ciclista. La participación comunitaria siempre es positiva y necesaria. Santay ha demostrado durante años organización, resiliencia y compromiso con su territorio.

Sin embargo, existe una diferencia fundamental entre colaborar en las soluciones y asumir responsabilidades que corresponden al Estado.

La infraestructura de acceso a Santay, incluida la calzada compartida para peatones y bicicletas, fue concebida, diseñada, contratada, fiscalizada y administrada por instituciones públicas. Aunque eventualmente pobladores de la isla hayan participado como mano de obra en determinadas etapas, eso no significa que la comunidad haya tenido responsabilidad técnica, contractual o institucional sobre la obra. No fue la comunidad quien definió los materiales, aprobó los diseños, supervisó técnicamente su instalación ni administró los recursos destinados a su construcción y mantenimiento.

Por ello resulta legítimo preguntarse por qué, casi diez años después de que la Contraloría General delEstado identificara problemas técnicos y deterioro prematuro en esa infraestructura elevada, la situación ha terminado afectando principalmente a quienes menos responsabilidad tuvieron en su origen.

Los pobladores de Santay no fueron responsables de las decisiones técnicas ni institucionales que dieron origen a la calzada compartida de acceso ni a las camineras peatonales internas de la comunidad. Tampoco estuvieron a cargo de garantizar su mantenimiento estructural. Sin embargo, son quienes han debido adaptarse a las restricciones, explicar la situación a los visitantes y enfrentar diariamente las consecuencias del cierre.

Detrás de esta situación existen familias, emprendedores, estudiantes y trabajadores que han visto reducirse las oportunidades asociadas al turismo comunitario. Mientras tanto, la discusión pública parece trasladar cada vez más hacia la propia comunidad la responsabilidad de encontrar soluciones.

La pregunta no debería ser quién tiene la culpa. La pregunta es quién tiene la responsabilidad.

Las comunidades pueden colaborar, aportar ideas y convertirse en aliadas de la conservación y el desarrollo local. Pero no deberían verse obligadas a sustituir las obligaciones de las instituciones responsables de garantizar la seguridad, el mantenimiento y la continuidad de obras construidas con recursos de todos los ecuatorianos.

Santay continúa demostrando su compromiso con la conservación, la educación ambiental y el turismo comunitario. Lo mínimo que merece es que las instituciones responsables asuman también el suyo. Porque cuando una obra pública deja de funcionar, no debería ser la comunidad más pequeña la que cargue con el peso más grande.

José Delgado Mendoza, Gestor Cultural y Ambiental, director del Observatorio de Santay

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NOTA: La imágenes no hace parte del contenido publicado en El Comercio. Pero si hacen parte de la historia de Santay. 

La escuela y la transformación de Santay

En la Isla Santay, la escuela nunca ha sido únicamente un lugar para recibir clases. Desde hace generaciones, la educación ha representado para la comunidad una esperanza de transformación y permanencia dentro del humedal.

La escuela comunitaria de Santay comenzó a funcionar alrededor del año 2000. Su creación marcó un momento importante en la historia social de la isla, porque durante gran parte del siglo XX la vida de sus habitantes estuvo vinculada principalmente al trabajo hacendario, la ganadería, la agricultura y las dinámicas propias del río.

Eso también plantea una reflexión histórica profunda: ¿cómo fue posible que durante décadas generaciones enteras de trabajadores ribereños y sus familias crecieran con acceso limitado o inexistente a educación formal dentro de la isla?

Como ocurrió en muchas zonas rurales y haciendas del Ecuador, gran parte del aprendizaje cotidiano se transmitía entonces desde la experiencia familiar y comunitaria. Los habitantes aprendían navegación, manejo del ganado, agricultura, pesca, conocimiento de las mareas y adaptación al humedal mucho antes de que existiera una infraestructura educativa permanente en el territorio.

La aparición de la escuela representó así mucho más que la construcción de un aula. Significó el paso desde una comunidad marcada principalmente por dinámicas de trabajo rural y ribereño hacia una nueva etapa donde la educación comenzó a ocupar un lugar central en las aspiraciones de las familias de Santay.

A pesar de las dificultades propias del humedal —mareas, humedad, ambiente salino y problemas de acceso— la escuela se convirtió en uno de los principales símbolos de unidad y futuro para la comunidad.

Con los años, este espacio también acogió actividades culturales, talleres ambientales y procesos de fortalecimiento de identidad territorial. Allí, los niños de Santay no solamente aprenden contenidos escolares; también crecen comprendiendo el valor ambiental, histórico y humano del lugar donde viven.

Hoy, cuando gran parte de la educación depende de herramientas digitales y conectividad, resulta inevitable recordar el compromiso anunciado el año pasado de dotar de electricidad e internet a la escuela de Santay. Cumplir esa promesa significaría mucho más que incorporar infraestructura tecnológica: representaría una señal concreta de apoyo a los niños y jóvenes que estudian dentro del humedal.

La escuela se encuentra a menos de 800 metros de Guayaquil, pero muchas veces parece permanecer demasiado lejos de las prioridades institucionales. Llevar electricidad e internet a este espacio educativo sería también reconocer que las comunidades que habitan territorios protegidos merecen acceder a oportunidades en condiciones dignas, sin que su ubicación geográfica se convierta en una forma de exclusión.

Pensar el futuro de Santay implica igualmente pensar en el futuro de su escuela. Porque educar en un humedal habitado significa también cuidar a las nuevas generaciones que darán continuidad a la vida comunitaria y ambiental de la isla.

José Delgado Mendoza, Gestor Cultural y Ambiental, director del Observatorio de Santay

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Volver a construir sobre el río

Durante siglos, el río Guayas no fue únicamente un paisaje observado desde tierra firme. Fue espacio de navegación, trabajo, intercambio, vivienda y construcción. Sus orillas y esteros estuvieron marcados por embarcaciones, astilleros ribereños y estructuras flotantes que formaban parte natural de la vida cotidiana de Guayaquil y de poblaciones conectadas al sistema fluvial.

La Isla Santay también formó parte de esa relación histórica entre comunidad y río. Mucho antes de que los malecones modernos transformaran la percepción urbana del Guayas, el río era entendido como territorio vivo, productivo y habitado.

El Observatorio de Santay no fue construido en la isla, sino en el río Babahoyo. Desde allí emprendió una travesía de 26 horas hasta llegar a Santay, como un gesto concreto de recuperación de la navegación fluvial y de la construcción naval ribereña. Su llegada al humedal recordó que el río no es únicamente un paisaje para mirar desde la orilla, sino un espacio por donde todavía es posible construir, desplazarse, educar y convivir de manera integrada con el agua.

En tiempos donde gran parte de las ciudades parecen haber dado la espalda a sus ríos, experiencias como el Observatorio recuerdan que las culturas fluviales forman también parte del patrimonio histórico y técnico del Ecuador.

A lo largo del río Guayas y del Babahoyo existieron durante generaciones embarcaciones, plataformas, muelles y construcciones flotantes vinculadas a la vida comercial y comunitaria. Esa relación cotidiana con el agua ayudó a definir la identidad de numerosas poblaciones ribereñas.

Recuperar esa memoria no significa regresar al pasado, sino comprender que los ríos pueden volver a ser espacios de encuentro, educación, movilidad y cultura.

Santay recuerda así que un humedal habitado no se limita a conservar la naturaleza. También conserva formas de relación humana con el río que todavía tienen mucho que enseñarnos.

José Delgado Mendoza, Gestor cultural y ambiental. Director del Observatorio de Santay

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Un humedal donde también vive gente

Durante mucho tiempo, gran parte de las áreas protegidas fueron imaginadas como espacios naturales alejados de la presencia humana. Sin embargo, existen territorios donde naturaleza y comunidad han convivido históricamente formando un mismo sistema de vida.

Incluso en el Ecuador existen áreas protegidas donde la presencia humana forma parte de la realidad territorial, como ocurre parcialmente en las Islas Galápagos. Esto recuerda que conservar no siempre significa excluir a las comunidades, sino gestionar de manera responsable la convivencia entre naturaleza, población y actividades humanas.

La Isla Santay es también uno de esos casos.

Frente a Guayaquil, este humedal ha sido durante generaciones espacio de vivienda, pesca, agricultura, navegación y relación cotidiana con el río. Su biodiversidad convive con una comunidad que ha desarrollado formas propias de adaptación y permanencia dentro del humedal.

Comprender Santay únicamente desde la conservación ambiental sería mirar solamente una parte de su realidad. Santay es también un territorio socioambiental habitado, donde los desafíos de educación, movilidad, turismo, conectividad y desarrollo comunitario forman parte de la gestión misma del humedal.

Esa condición convierte a Santay en un espacio particularmente complejo y valioso. Aquí la gobernanza no consiste únicamente en proteger ecosistemas, sino también en construir acuerdos que permitan equilibrar conservación y vida comunitaria.

Los niños y jóvenes que cruzan diariamente hacia sus escuelas y colegios, los habitantes que han visto afectada su actividad turística por el cierre del acceso peatonal desde hace ya 28 semanas, los guardaparques, los visitantes y las iniciativas culturales forman parte de una misma realidad territorial que necesita ser entendida de manera integral. La falta de información clara sobre cuándo y cómo se realizarán las reparaciones necesarias para recuperar la infraestructura de acceso también forma parte de ese desafío de gobernanza.

Uno podría pensar que el silencio institucional responde a trabajos que aún se encuentran en planificación y que pronto serán anunciados. Pero también surge la inquietud de que la falta prolongada de información y decisiones concretas termine convirtiéndose en una forma de inacción con consecuencias cada vez más graves para el humedal y su comunidad.

A veces surge una pregunta incómoda: si para algunas entidades públicas la comunidad de Santay parece estar de más. Sin embargo, una de las razones por las que este humedal conserva condiciones ambientales excepcionales es precisamente el respeto y la relación histórica que sus habitantes han mantenido con el territorio.

Conviene recordar que, cuando la isla fue reconocida como Humedal de Importancia Internacional bajo la Convención Ramsar en el año 2000 y posteriormente declarada área protegida en 2010, tanto los organismos internacionales como las autoridades ecuatorianas conocían plenamente la existencia de una población local que vivía allí desde hacía generaciones. Santay no fue declarada importante a pesar de su comunidad, sino también con ella presente.

En tiempos donde muchas ciudades buscan reconectarse con sus ríos y humedales, Santay ofrece una oportunidad para reflexionar sobre nuevas formas de convivencia entre naturaleza y sociedad.

Proteger un humedal habitado significa entonces algo más profundo que conservar paisajes. Significa también cuidar las relaciones humanas, culturales e históricas que permiten que ese territorio continúe vivo.

José Delgado Mendoza, Gestor Cultural y Ambiental, Director del Observatorio de Santay

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