Manglares del mundo: qué nos dice su estado de salud y qué oportunidades abre para Santay

El informe mundial de 2026 identifica una ganancia neta de superficie de manglar, pero advierte que continúan perdiéndose bosques maduros. Para Ecuador, sus conclusiones ayudan a relacionar conservación, participación comunitaria y cooperación. Para Santay, ofrecen una oportunidad de pensar cómo convertir ese conocimiento en acciones sostenidas.

Conocer cuántas hectáreas de manglar existen es indispensable, pero insuficiente para saber si estos ecosistemas están saludables. También necesitamos comprender cómo cambian, qué funciones conservan, cuáles son sus amenazas y cómo participan las comunidades en su cuidado. Esa es la importancia de El estado de los manglares del mundo 2026, elaborado por la Global Mangrove Alliance con aportaciones de más de 190 colaboradores de más de 30 países.

El informe combina investigaciones, cartografía y experiencias de gestión. Su valor está en conectar la evolución de los bosques con sus funciones ecológicas, sus beneficios para la población y las decisiones necesarias para conservarlos.

Qué cambia respecto a la edición anterior

La edición de 2024 ya relacionaba biodiversidad, beneficios ambientales, alimentación y conocimientos locales. En 2026, la estructura concede espacios propios a las amenazas, al balance de las metas para 2030 y a la construcción de alianzas, incluyendo experiencias de los capítulos nacionales.

También mejora la capacidad de observación. Las nuevas series cartográficas permiten analizar cambios entre 1985 y 2025; se incorporan estimaciones más detalladas de la altura del bosque y nuevos análisis de degradación. La contaminación por plásticos recibe, por primera vez en esta serie de informes, un tratamiento específico.

Estas mejoras permiten revisar tendencias históricas. Por ello, los cambios entre ediciones deben interpretarse considerando tanto la evolución del ecosistema como los avances en los datos y métodos utilizados.

Más superficie no significa necesariamente mejor salud

Según Global Mangrove Watch, la extensión mundial de manglares se estima en 147.289 km² en 2025, con una ganancia neta de 477 km² entre 1985 y 2025. Es una señal alentadora, pero el saldo reúne procesos distintos: pérdidas de bosques existentes, regeneración y expansión hacia nuevas áreas.

El informe indica que aproximadamente el 65 % de los manglares establecidos desde 2010 se expandió hacia lugares donde antes no había manglar. Parte de esa expansión ocurre sobre nuevos depósitos de sedimentos. En algunos casos, estos materiales pueden proceder de erosión asociada a deforestación o actividades mineras en las cuencas. Una ganancia de manglar en la desembocadura puede coexistir, por tanto, con deterioro ambiental aguas arriba.

Al mismo tiempo, las pérdidas acumuladas de cobertura de manglar desde mediados de los años ochenta alcanzan 19.863 km², aproximadamente 500 km² anuales. El balance positivo global no elimina esas pérdidas ni convierte un bosque joven en equivalente inmediato de uno maduro.

La salud del ecosistema requiere observar también su estructura, biodiversidad, reservas de carbono y capacidad de protección. Un manglar puede seguir apareciendo en el mapa mientras pierde calidad ecológica.

La contaminación ilustra esta diferencia. La revisión recogida en el informe señala un promedio aproximado de 24 objetos de macroplástico por metro cuadrado en los manglares estudiados. Existen vacíos geográficos importantes: este dato muestra una amenaza mundial, pero no describe por sí mismo la situación de Ecuador ni la de Santay.

Ecuador: bosques excepcionales y conservación comunitaria

Ecuador destaca por la altura de sus manglares: ocupa el octavo puesto en la clasificación basada en el percentil 99 de altura del dosel. Este reconocimiento describe la estructura del bosque, sin constituir una clasificación de su estado de conservación.

El capítulo ecuatoriano de la Global Mangrove Alliance ofrece otra perspectiva relevante. Según el informe, fue creado en septiembre de 2023 y reúne a 33 miembros de organizaciones, instituciones públicas, universidades, sector privado y grupos pesqueros. Ha promovido más de 45 acuerdos de uso sostenible y custodia del manglar —AUSCEM— y apoyado la consolidación de más de 100.000 hectáreas bajo custodia comunitaria.

El documento también describe educación ambiental, formación, restauración y el desarrollo de un observatorio ciudadano del manglar y de un sistema comunitario de alerta temprana. Recoge experiencias próximas a nuestro entorno, como Puerto Hondo y Sabana Grande, en Guayaquil.

Estos avances invitan a evaluar cómo los acuerdos y las alianzas se traducen en conservación efectiva, capacidades locales y beneficios duraderos.

Qué podría significar para Amigos de Santay

Santay no aparece mencionada expresamente en el informe, y el documento no ofrece un diagnóstico de sus manglares. Sin embargo, sus conclusiones permiten explorar una futura participación de Amigos de Santay en el capítulo ecuatoriano. Esa posibilidad requeriría conocer las condiciones de incorporación y acordar aportes concretos.

A corto plazo, el acercamiento podría orientarse al intercambio de experiencias educativas y conocimientos comunitarios. Amigos de Santay podría compartir el trabajo del Observatorio con niños, jóvenes y familias, mientras sus colaboradores acceden a formación, materiales y contactos con otras iniciativas. Un primer resultado útil sería identificar la información disponible sobre el manglar de la isla y los vacíos que necesitan atención.

A mediano plazo, podrían construirse proyectos de seguimiento participativo con acompañamiento técnico y coordinación con la comunidad y la administración del área protegida. Fotografías desde puntos fijos, observaciones de regeneración, registros de residuos y cambios en las orillas podrían complementar las imágenes satelitales. Vincular este trabajo con iniciativas existentes permitiría aprender de sus métodos y evitar duplicaciones.

A largo plazo, el objetivo podría ser consolidar una cooperación que sostenga educación, investigación y gestión ambiental más allá de actividades aisladas. Su efectividad debería reflejarse en mejores conocimientos sobre el ecosistema, participación real de los habitantes y continuidad de las acciones. La pertenencia a una alianza puede facilitar ese proceso, aunque el financiamiento y los proyectos requieren acuerdos y gestiones específicas.

Mirar el manglar desde el territorio y la cuenca

El informe propone comprender las conexiones del manglar con los ecosistemas vecinos. Para Santay, esta perspectiva invita a estudiar su relación con el río Guayas, los sedimentos, la calidad del agua y las presiones procedentes de la cuenca. La conservación de la isla está vinculada a procesos que superan sus límites.

Amigos de Santay podría aportar a ese diálogo su experiencia educativa y su vínculo con la comunidad. La oportunidad consiste en convertir el conocimiento mundial en preguntas locales, observaciones verificables y decisiones compartidas. Así, la cooperación tendría una expresión concreta: fortalecer a quienes conocen, habitan y cuidan el humedal.

Fuente principal: Global Mangrove Alliance, The State of the World’s Mangroves 2026. Texto enriquecido con los temas planteados por Marea Ecologista en “El Estado de los Mangles del Mundo 2026: entre la expansión neta y la pérdida imparable de bosques maduros”, contrastados con el informe original. IMPORTANTE: Las posibilidades para Amigos de Santay son propuestas de reflexión, no compromisos adquiridos por la alianza.

Santay: entre la protección legal y el abandono cotidiano

Santay es un humedal protegido, reconocido internacionalmente y sometido a distintas figuras de conservación. Sobre el papel, su importancia ambiental está fuera de discusión. Sin embargo, la vida cotidiana de la isla muestra una realidad mucho más contradictoria.

El acceso turístico permanece cerrado desde hace meses. La infraestructura que durante años permitió conectar a Santay con Guayaquil continúa deteriorada y, mientras el tiempo pasa, resulta difícil para la ciudadanía comprender quién tiene realmente la responsabilidad de repararla, mantenerla y garantizar nuevamente un acceso seguro. Las competencias parecen repartirse entre varias instituciones, pero cuando llega el momento de actuar, las respuestas no siempre son igual de claras.

Ese problema va mucho más allá del turismo. El cierre afecta directamente a las familias que dependen de los visitantes, limita actividades educativas y comunitarias y profundiza una sensación de aislamiento que Santay conoce demasiado bien. Una infraestructura abandonada no es solamente madera, metal o cemento deteriorándose: representa oportunidades que desaparecen para una comunidad.

A esta situación se suma ahora un nuevo desafío ambiental. La llegada de El Niño obliga a mirar con mayor preocupación el estado de muelles, estructuras, embarcaciones, drenajes y sistemas de acceso. En un territorio insular y estuarino, prepararse para lluvias intensas, variaciones del río y otros efectos meteorológicos no debería comenzar cuando aparezca la emergencia. La prevención también forma parte de la conservación.

Mientras tanto, buena parte de las respuestas cotidianas continúan dependiendo del esfuerzo de la propia población de Santay y de organizaciones de la sociedad civil. Son los habitantes de la isla quienes soportan de manera más directa el aislamiento, la reducción de ingresos, las dificultades de movilidad y las limitaciones que provoca el deterioro de la infraestructura. Y son también ellos quienes, junto con distintas iniciativas ciudadanas, mantienen actividades, cuidan espacios, buscan soluciones y hacen posible que Santay continúe funcionando a pesar de las dificultades.

Ese esfuerzo merece reconocimiento, pero también plantea una pregunta incómoda: ¿hasta dónde puede exigirse a una comunidad y a la sociedad civil que compensen con esfuerzo propio la falta de respuestas que corresponden a las instituciones públicas? La población de Santay no puede convertirse permanentemente en la parte más sacrificada de un sistema de protección que, precisamente, debería mejorar sus condiciones de vida y garantizar su relación sostenible con el humedal.

Proteger un humedal no consiste únicamente en declararlo área protegida, incorporarlo a convenios internacionales o mencionarlo en documentos oficiales. Proteger significa también cuidar a la comunidad que lo habita, mantener su infraestructura, garantizar condiciones dignas, anticipar riesgos ambientales, coordinar responsabilidades y actuar antes de que los problemas se conviertan en emergencias.

No me cansaré de insistir: Santay no necesita más indefiniciones sobre quién debe hacer qué. Necesita coordinación, responsabilidades claras y decisiones.

Porque entre la protección legal y la conservación real existe una diferencia fundamental: la primera se escribe; la segunda se demuestra todos los días. Fotos: Wladimir Torres

José Delgado Mendoza, Gestor Cultural y Ambiental y Director del Observatorio de Santay

Este contenido ha sido publicado originalmente por EL COMERCIO.  https://www.elcomercio.com/cartas/cartas-a-quito-29-de-septiembre-de-2026/

Cooperación internacional y realidades locales

La cooperación internacional puede representar una extraordinaria oportunidad para territorios como Santay. Existen organismos, fondos, programas y organizaciones dispuestos a apoyar iniciativas ambientales, sociales y comunitarias. Pero existe una pregunta que pocas veces hacemos: ¿qué ocurre cuando esa cooperación permanece en sus escritorios esperando propuestas que nunca llegan?

Muchos mecanismos funcionan a partir de proyectos presentados por ministerios, municipios u otras instituciones. ¿Pero qué sucede cuando no existe un expediente preparado para Santay, cuando nadie ha formulado el proyecto necesario o cuando, sencillamente, la isla no figura entre las prioridades? Puede darse entonces una paradoja: existe la necesidad, puede incluso existir el financiamiento, pero no existe el puente institucional que permita encontrarlos.

Y Santay continúa esperando.

También hemos visto intervenciones que reducen la isla a una sola dimensión. Santay aparece como un lugar donde sembrar manglar, desarrollar una investigación, ejecutar un proyecto ambiental o trasladar determinadas especies. Todo eso puede ser importante, pero Santay no es solamente manglar, fauna y paisaje. Santay es también una comunidad.

No basta con llegar, ejecutar una intervención y marcharse. La conservación necesita seguimiento, mantenimiento y responsabilidades que permanezcan después de la fotografía inaugural. Tampoco resulta justo calificar a una comunidad como poco colaboradora sin preguntarse primero si fue escuchada, si participó en las decisiones y si aquello que se le propone responde realmente a sus necesidades.

Quizás estoy soñando, pero sería interesante que los organismos internacionales que trabajan en Ecuador incorporaran alguna vez una prioridad muy sencilla: un humedal.

Un humedal con comunidad.

Un humedal con comunidad y con su acceso turístico cerrado desde hace más de nueve meses.

Un humedal con comunidad, con el acceso cerrado y con una escuela que lleva años sin electricidad ni internet.

Un humedal con una comunidad que debe transportar el agua hasta la isla y que paga posiblemente el agua potable más cara del Ecuador.

Un humedal que acumula todas esas dificultades y que, además, forma parte de un área protegida cuya administración institucional está en Guayaquil, a pocos kilómetros de distancia.

Quizás así puedan encontrar San Jacinto de Santay.

No se trata de pedir que la cooperación internacional sustituya al Estado ni de esperar que resuelva por sí sola los problemas de la isla. También existen otras vías que podrían explorarse con mayor decisión. Los municipios y las prefecturas, a través de la cooperación descentralizada, pueden establecer alianzas con gobiernos locales y regionales de otros países, universidades, fundaciones y redes internacionales para desarrollar proyectos concretos en territorios como Santay. No todo debe depender de que una propuesta llegue desde un ministerio o de que una gran agencia internacional decida incluir a la isla entre sus prioridades.

La cooperación descentralizada podría ser especialmente útil porque permite acercar las decisiones al territorio, trabajar sobre necesidades muy concretas y construir relaciones de largo plazo entre instituciones que enfrentan desafíos similares: gestión de humedales, agua, movilidad, educación, turismo sostenible, adaptación climática o fortalecimiento comunitario.

Tal vez sea necesario invertir la lógica. En lugar de esperar siempre que Santay llegue con un expediente perfectamente formulado hasta los escritorios de la cooperación, podríamos preguntarnos cuántos organismos, municipios, prefecturas y entidades de cooperación se han acercado alguna vez a la isla para decir simplemente: ¿qué necesitan, ¿qué pueden aportar ustedes y qué podemos construir juntos?

Porque la cooperación verdadera comienza cuando deja de esperar que la realidad llegue hasta el escritorio y decide salir a buscarla.

Fotos: Arturo Morales, Cafeina

Los cocodrilos de Santay

En junio de 2006, doce cocodrilos de la Costa llegaron a la isla Santay para formar parte de una estación de investigación y conservación. Su presencia estuvo acompañada de un proceso de educación ambiental dirigido a la comunidad, con el propósito de comprender mejor la importancia de esta especie y aprender a convivir con ella.

Aquellos animales, nacidos y criados en cautiverio, procedían principalmente del Parque Histórico de Guayaquil y de la provincia de Esmeraldas. Con el paso del tiempo, la cocodrilera se convirtió en uno de los lugares más conocidos de la isla y en una referencia para sus visitantes.

Pero los cocodrilos de Santay no deben ser vistos únicamente como una atracción turística. Son cocodrilos de la Costa, una especie estrechamente relacionada con los humedales, manglares, esteros y lagunas costeras. Su protección debe formar parte de una responsabilidad permanente.

Su historia en Santay también está unida a la comunidad. Durante años, pobladores de la isla asumieron su cuidado cotidiano, aprendieron a manejarlos y contribuyeron a que estos animales crecieran bajo vigilancia. Esa relación demuestra que la conservación no depende solamente de instalaciones o decisiones institucionales: también necesita personas comprometidas, conocimiento local, recursos y continuidad.

Por eso, quienes tuvieron la iniciativa de llevar estos cocodrilos a Santay, así como las instituciones que respaldaron aquel proyecto, deberían mantener el interés y la responsabilidad de conocer periódicamente cuál es su situación: si reciben una alimentación adecuada, si cuentan con atención veterinaria, si su espacio reúne las condiciones necesarias y si están siendo tratados correctamente.

Llevar una especie a un lugar para convertirla en parte de un proyecto de conservación no puede ser una decisión que termine con su traslado o con la inauguración de una instalación. Esa responsabilidad debe mantenerse durante toda la vida de los animales.

Hoy, los cocodrilos forman parte de la identidad de Santay. Junto con el manglar, se han convertido en uno de los elementos más representativos de la isla para sus pobladores y visitantes.

Protegerlos significa mucho más que alimentarlos o mantener en buen estado la cocodrilera. Significa garantizar manejo técnico, atención veterinaria, seguridad, educación ambiental y condiciones dignas para su permanencia. También significa recuperar su historia y enseñarla correctamente a los niños, visitantes y futuras generaciones.

Santay ha cuidado durante veinte años a estos animales. Es justo que quienes promovieron su llegada no pierdan contacto con ellos y se preocupen por saber cómo están y qué necesitan.

Proteger a los cocodrilos de Santay es también proteger la memoria, la identidad y la naturaleza de la isla.

José Delgado Mendoza, Gestor Cultural y Ambiental, director del Observatorio de Santay

Este contenido ha sido publicado originalmente por EL COMERCIO. : https://www.elcomercio.com/cartas/cartas-a-quito-30-de-agosto-de-2026/

Economía solidaria para Santay

La Isla Santay no es solo un destino turístico. Es un humedal, un área protegida y un territorio habitado, donde una comunidad ha intentado durante años organizarse, sostener actividades productivas, atender visitantes y conservar un patrimonio natural y cultural de enorme valor. Precisamente por esa condición excepcional, su organización comunitaria se ha estructurado bajo los lineamientos de la Economía Popular y Solidaria, entendiendo que el desarrollo del territorio solo puede construirse desde el esfuerzo colectivo y el bienestar común.

Sin embargo, en la práctica, esa comunidad ha recibido poco acompañamiento real. Se le exige organización, cumplimiento administrativo y capacidad de gestión, pero no siempre se le brinda asistencia técnica sostenida, capacitación, fortalecimiento comercial, acceso a mercados, apoyo para mejorar sus servicios ni articulación efectiva con las instituciones públicas responsables.

Es posible que dentro del sistema de Economía Popular y Solidaria las asociaciones ocupen un lugar menos visible que las cooperativas, sobre las cuales suele concentrarse mayor atención institucional. Pero eso no debería convertirlas en organizaciones de segunda categoría. Si una comunidad se organiza bajo esta figura, cumple requisitos y forma parte del sistema, debe existir también un compromiso de fortalecimiento que acompañe esa pertenencia.

La membresía o reconocimiento dentro de la Economía Popular y Solidaria no debería significar solo obligaciones para la comunidad. También debería abrir una puerta a capacidades, herramientas, orientación técnica y oportunidades reales. De lo contrario, la formalización termina siendo una carga antes que un apoyo.

El problema de Santay no es la falta de voluntad comunitaria. El problema es que la Economía Popular y Solidaria no puede limitarse a registrar organizaciones, supervisarlas o pedirles requisitos. En territorios frágiles, habitados y ambientalmente estratégicos, debe traducirse en presencia, guía, formación y acompañamiento permanente.

Santay podría ser un caso piloto nacional de economía solidaria aplicada a un humedal habitado y a un área protegida con población local. Allí convergen conservación, turismo comunitario, educación ambiental, cultura fluvial y economía local. Pero para que eso ocurra, se necesita una acción coordinada entre las instituciones de economía popular y solidaria, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Turismo, los gobiernos locales de Guayaquil y Durán, la academia y la propia comunidad.

No se puede pedir a una comunidad que cuide un humedal, habite responsablemente un área protegida, reciba visitantes, sostenga servicios y genere ingresos dignos si el Estado no la acompaña de manera seria. La Economía Popular y Solidaria será realmente transformadora cuando llegue a territorios como Santay no solo como normativa, sino como una política viva, cercana y útil.

Santay no necesita más discursos sobre desarrollo territorial. Necesita que esos discursos se conviertan en acompañamiento concreto.

José Delgado Mendoza, Gestor Cultural y Ambiental, Director del Observatorio de Santay

Este contenido ha sido publicado originalmente por EL COMERCIO. : https://www.elcomercio.com/cartas/cartas-a-quito-3-de-agosto-de-2026/

Santay no puede seguir esperando

Han pasado 231 días desde el cierre del acceso peatonal y ciclista a la Isla Santay. Lo que inicialmente pudo entenderse como una medida necesaria por razones de seguridad, hoy se ha convertido en una espera demasiado larga para una comunidad que vive dentro de un humedal de importancia internacional.

Santay no es únicamente un sitio turístico. Es un territorio habitado, con familias, niños, escuela, memoria, trabajo comunitario y una relación diaria con el río y el humedal. Cuando el acceso permanece cerrado durante tantos meses, no se detiene solamente la visita turística: se afecta la economía local, se limita la educación formal y ambiental, se debilita la vida comunitaria y se golpea la dignidad de una población que ha demostrado por años compromiso con su territorio.

La infraestructura de acceso a Santay fue ejecutada con recursos públicos. Por tanto, debía estar sujeta a planificación, fiscalización, mantenimiento y control. Si el propio Estado identificó problemas técnicos o deficiencias en esas obras, correspondía activar oportunamente los mecanismos institucionales para exigir reparaciones, responsabilidades y soluciones. Lo que no podía ocurrir era que la infraestructura quedara abandonada y que las consecuencias terminaran cayendo sobre la comunidad.

Además, han pasado cerca de diez años desde que la Contraloría General del Estado, en un informe especial, advirtió que el material utilizado en las ciclovías no tendría una duración adecuada, tanto por su calidad como por la forma en que fue colocado. Es decir, el deterioro actual no puede presentarse como una sorpresa. Hubo señales, observaciones y alertas institucionales que debieron activar decisiones oportunas.

Lo más triste es que este caso no ha sido invisible. Ha pasado por escritorios, informes, reuniones y competencias institucionales. Algunos funcionarios, incluso, han conocido el caso desde distintas funciones públicas, viendo regresar el mismo problema una y otra vez sin que se active una respuesta suficiente. Sin embargo, ni siquiera parece haberse hecho lo mínimo indispensable: pedir una actualización administrativa del caso, conocer el estado real de las gestiones entre las carteras responsables, exigir información técnica clara y comunicar a la comunidad una ruta concreta de solución. Cuando una comunidad espera durante meses sin respuestas, el silencio también se vuelve una forma de abandono.

Desde las esferas burocráticas resulta fácil cuestionar la falta de participación o interés de la comunidad en mejorar las condiciones de una infraestructura pública. Pero la realidad en Santay es distinta: cuando las respuestas institucionales no llegan, la comunidad intenta sostener su territorio con lo poco que tiene.

En medio de esta larga espera, pobladores de Santay han realizado trabajos por iniciativa propia en algunos sectores de la ciclovía, sin recursos estatales y con enormes limitaciones materiales. Ese esfuerzo no debe ser mal visto. Al contrario, demuestra compromiso, organización y sentido de pertenencia. Pero también revela una situación preocupante: una comunidad no debería verse obligada a asumir, con sus propios medios, tareas que corresponden a una obra pública.

También preocupa la seguridad. Mientras en otros espacios se discute cómo fortalecer la protección de las áreas protegidas, en Santay, a pocos cientos de metros de Guayaquil y Durán, dos ciudades densamente pobladas y centrales para la vida económica del país, una comunidad sigue esperando respuestas concretas. La seguridad no puede ser un discurso lejano cuando los habitantes, visitantes y guardaparques enfrentan riesgos cotidianos derivados del deterioro, el abandono y la falta de vigilancia suficiente.

El turismo comunitario no puede seguir paralizado indefinidamente. Muchas familias han construido, con esfuerzo y constancia, una forma honesta de recibir visitantes, contar su historia y mostrar el valor de vivir en un área protegida. Cada día de cierre significa menos ingresos, menos oportunidades y más incertidumbre.

Es comprensible que existan problemas técnicos, administrativos o presupuestarios. Pero lo que no resulta aceptable es que la espera se prolongue sin información clara, sin plazos públicos y sin una hoja de ruta visible para la reparación y reapertura segura del acceso.

Santay no puede seguir esperando mientras la vida comunitaria, la educación y el turismo se mantienen detenidos. Las instituciones responsables deben informar con transparencia qué se ha hecho, qué falta por hacer, quién tiene la competencia directa, qué acciones de control se han iniciado y cuándo se devolverá a la comunidad y a la ciudadanía un acceso digno, seguro y funcional.

La conservación no puede sustentarse únicamente en discursos. Necesita decisiones, mantenimiento, presupuesto, coordinación institucional, seguridad, control público y respeto por la gente que vive en los territorios protegidos.

Santay ya esperó demasiado. No es posible que un proyecto estatal, creado para conectar y beneficiar a una comunidad, termine convirtiéndose en su calvario.

José Delgado Mendoza, Gestor Cultural y Ambiental. Director del Observatorio de Santay

Fotos: Wladimir Torres

Este contenido ha sido publicado originalmente por EL COMERCIO https://www.elcomercio.com/cartas/cartas-a-quito-22-de-julio-de-2026/

Conservar también cuesta

Las áreas protegidas constituyen uno de los mayores patrimonios naturales del Ecuador. Gracias a ellas se preservan ecosistemas, especies y paisajes que benefician a toda la sociedad. Sin embargo, hay una pregunta que debe discutirse con mayor seriedad: ¿cómo garantizar su sostenibilidad cuando los recursos públicos disponibles son cada vez más limitados?

Durante años, el acceso gratuito a muchas áreas protegidas ha permitido que miles de ciudadanos disfruten de estos espacios y fortalezcan su vínculo con la naturaleza. Esa política ha tenido importantes beneficios sociales y educativos. Pero la conservación también tiene costos concretos: mantenimiento de infraestructura, monitoreo ambiental, educación ambiental, control y vigilancia, atención a visitantes y apoyo a las comunidades que habitan algunos de estos territorios.

La isla Santay es un ejemplo claro de esta realidad. Como humedal protegido y habitado, enfrenta desafíos que van más allá de la conservación ambiental. Su sostenibilidad requiere mantener servicios básicos, apoyar la educación ambiental, cuidar la infraestructura pública y fortalecer las oportunidades para la comunidad local.

Un caso específico permite comprender mejor el problema. El ingreso gratuito de visitantes a Santay debe seguir siendo valorado como una política de acceso ciudadano. Sin embargo, cuando el ingreso turístico se reabra formalmente y las ciclovías y camineras estén reparadas, seguras y operativas, será necesario discutir también el uso de bicicletas en la isla. Su tránsito constante, sean bicicletas externas o de uso local, genera un desgaste material directo sobre ciclovías, camineras e infraestructura pública.

Allí aparece una distinción necesaria: una cosa es garantizar el acceso libre de las personas al área protegida, y otra distinta es permitir, sin ningún mecanismo de sostenibilidad, el uso de medios que producen costos permanentes de mantenimiento. En el caso de los visitantes, una contribución específica por el ingreso de bicicletas externas podría ser una medida razonable. En el caso de los pobladores, el mecanismo debería ser diferenciado, justo y construido con la comunidad, considerando que para ellos la bicicleta no es solamente recreación, sino también movilidad cotidiana, trabajo, estudio y vida familiar.

No se trataría de cobrar por entrar al área protegida, ni de limitar el derecho ciudadano a disfrutar de la naturaleza. Se trataría de reconocer que ciertos usos generan costos materiales que alguien debe asumir. Si esos costos no se prevén, la infraestructura se deteriora, la experiencia de los visitantes empeora y la propia comunidad termina enfrentando las consecuencias de una conservación sin recursos suficientes.

Por eso, cualquier contribución relacionada con bicicletas debería estar claramente destinada al mantenimiento de ciclovías y camineras, con reglas transparentes y criterios diferenciados. No puede tratarse de una carga indiscriminada, sino de un mecanismo responsable para sostener una infraestructura que beneficia tanto a los visitantes como a los habitantes de Santay.

En un contexto de restricciones presupuestarias, resulta necesario explorar mecanismos complementarios de financiamiento que permitan generar recursos sin afectar el acceso ciudadano ni los objetivos ambientales. La experiencia internacional demuestra que es posible combinar el apoyo estatal con educación ambiental, turismo responsable, alianzas institucionales, donaciones, cooperación internacional y otros modelos compatibles con la protección de la naturaleza.

Proteger nuestros humedales y áreas protegidas es una responsabilidad colectiva. Pero para que la conservación sea efectiva y duradera, además de voluntad, también se necesitan recursos, gestión y mecanismos transparentes que permitan sostenerla en el tiempo.

La conservación no fracasa por falta de leyes, sino cuando faltan los medios para convertir esas leyes en acciones permanentes.

José Delgado Mendoza, Gestor Cultural y Ambiental, Director del Observatorio de Santay

Este contenido ha sido publicado originalmente por EL COMERCIO. Si vas a hacer uso del mismo, por favor, cita la fuente y haz un enlace hacia la nota original en la dirección: https://www.elcomercio.com/cartas/cartas-a-quito-30-de-junio-de-2026/

Fotografía: Wladimir Torres

Santay y la memoria fluvial

Frente a Guayaquil, la Isla Santay ha permanecido durante siglos como silenciosa testigo de la historia del río Guayas y de la construcción misma del puerto principal del Ecuador. Mucho antes de convertirse en un referente ambiental contemporáneo, este humedal habitado —marcado también por antiguas haciendas, ganadería y agricultura— observó el paso de expediciones científicas, embarcaciones fluviales y navegantes que ayudaron a conectar al país con el mundo. También fue testigo del asedio de barcos piratas que, amparados por la noche, navegaban detrás de la isla para lanzarse al amanecer sobre la ciudad.

Esa dimensión histórica ha sido precisamente una de las líneas de trabajo impulsadas por el Observatorio de Santay, concebido como una plataforma flotante para la cultura, la historia y el ambiente del humedal. A través de sus exposiciones, el Observatorio ha buscado acercar a visitantes y comunidades a una memoria territorial muchas veces poco conocida, pero profundamente vinculada a la identidad de Guayaquil y del río Guayas.

Durante estos tres últimos años, las exposiciones desarrolladas por el Observatorio de Santay han recorrido temas diversos: desde la presencia de la expedición científica de Alejandro Malaspina en octubre de 1790, hasta la época de los vapores que llegaban desde puertos extranjeros o realizaban cabotaje entre ciudades marítimas y fluviales del Ecuador.

De manera especial, también se ha expuesto cómo, en la cartografía histórica del antiguo “río de Guayaquil”, nombre con el que durante siglos se conoció al actual río Guayas, la isla Santay ocupaba uno de los referentes naturales más visibles para identificar la localización de Guayaquil.

También han sido presentados antiguos mapas, paisajes históricos, biodiversidad y las transformaciones humanas y ambientales del humedal, permitiendo comprender que Santay forma parte de una historia viva donde naturaleza, navegación, ciudad y comunidad han convivido durante generaciones.

Pensar Santay únicamente como un espacio natural aislado sería reducir su verdadera dimensión. Santay es también memoria del río, patrimonio cultural y territorio socioambiental habitado.

Fortalecer los espacios de educación y cultura dentro del humedal implica, igualmente, fortalecer la relación de la ciudad con su propia historia. En tiempos donde muchas veces vivimos de espaldas a nuestros ríos, recuperar la memoria fluvial de Guayaquil constituye también una forma de reencontrarnos con nuestra identidad.

José Delgado Mendoza, Gestor Cultural y Ambiental, director del Observatorio de Santay

Este contenido ha sido publicado originalmente por EL COMERCIO. Si vas a hacer uso del mismo, por favor, cita la fuente y haz un enlace hacia la nota original en la dirección: https://www.elcomercio.com/cartas/cartas-a-quito-28-de-mayo-de-2026/

Pequeños Guardianes del Humedal: educación, comunidad y esperanza en Santay

Pequeños Guardianes del Humedal: Un curso vacacional que sembró conciencia, comunidad y esperanza en la isla Santay

Durante cuatro fines de semana, 42 niños y adolescentes de la isla Santay participaron en el curso vacacional “Pequeños Guardianes del Humedal”, una experiencia comunitaria de educación ambiental que dejó aprendizajes, sonrisas y nuevas semillas de compromiso con el Humedal Isla Santay.

Aprender desde la realidad del humedal

A lo largo de las jornadas, los participantes compartieron actividades educativas, recreativas y ambientales enfocadas en temas como el cuidado del agua, la fauna del humedal, la conservación ambiental y el papel que cumplen los guardaparques dentro del Área Nacional de Recreación Isla Santay.

Durante la clausura, el guardaparque Sr. Stalyn Roldán compartió una charla sobre el rol y las funciones de los guardaparques en el Humedal y Área Protegida Isla Santay, explicando el trabajo que realizan para proteger la biodiversidad, orientar a los visitantes y acompañar a la comunidad.

Liderazgo y capacidades nacidas en Santay

Uno de los aspectos más valiosos del curso fue la activa participación de personas de la propia isla, fortaleciendo el sentido de pertenencia y demostrando que la educación ambiental tiene más fuerza cuando nace desde la comunidad y se construye con quienes conocen y viven diariamente el territorio.

Las hermanas Fabiana e Ingrid Achiote participaron como tutoras, acompañando las actividades y demostrando que en Santay existen capacidades locales, liderazgo comunitario y compromiso con la formación de las nuevas generaciones.

Santi: educación ambiental desde la alegría

Más que un curso recreativo, esta iniciativa representó un esfuerzo colectivo construido desde el propio territorio, reuniendo a guardaparques, tutoras, voluntarios, líderes comunitarios y actores locales alrededor de un objetivo común: fortalecer en las nuevas generaciones el conocimiento, el amor y el sentido de pertenencia hacia uno de los humedales más importantes del Ecuador.

El curso demostró además que Santay posee capacidades humanas, liderazgo comunitario y voluntad de trabajo conjunto para generar espacios positivos para su niñez y juventud.

Las charlas permitieron que los niños y adolescentes comprendieran mejor la importancia de proteger su territorio y valorar la riqueza natural y humana de la isla. El aprendizaje tuvo un valor especial porque fue transmitido directamente por personas vinculadas al humedal y al trabajo diario de conservación.

Asimismo, la guardaparque Mgs. Diana Otero cumplió un papel fundamental como enlace dinámico y permanente entre el curso y la administración del área protegida, apoyando la coordinación de las charlas, la valoración de los contenidos educativos y el acompañamiento general de las jornadas.

Las actividades estuvieron acompañadas por la presencia de Santi, el Guardián del Humedal, personaje educativo que se convirtió en un símbolo cercano, alegre y motivador para los niños.

Santi acompañó las jornadas, participó en las dinámicas y ayudó a transmitir de manera amigable y divertida los mensajes de conservación y cuidado del humedal. Su presencia permitió que muchos de los aprendizajes quedaran asociados a experiencias positivas, juego, integración y afecto.

El personaje tiene además un significado especial para Santay, ya que el Observatorio de Santay es la oficina principal de Santi y el espacio desde donde se impulsan muchas de sus actividades educativas y de sensibilización ambiental.

El rol del Observatorio de Santay

El curso tuvo una característica particular: el Observatorio de Santay, impulsor y articulador de la iniciativa, se encontraba durante esas semanas en proceso de mantenimiento.



El Observatorio forma parte de la red internacional Wetland Link International (WLI) como Centro de Educación del Humedal Santay. Está dirigido por José Delgado Mendoza y fue establecido en la isla Santay en agosto de 2022 como un espacio dedicado a la educación ambiental, la investigación, la cultura y el fortalecimiento comunitario alrededor del humedal.

Debido a los trabajos de mantenimiento, las actividades se desarrollaron en la Casa Comunal de Santay, gracias al valioso apoyo de la presidenta de la Asociación de Pobladores, Sra. Elsita Rodríguez, cuya colaboración permitió abrir un espacio comunitario al servicio de la niñez y juventud de la isla.

Aun así, el Observatorio mantuvo un importante rol de acompañamiento, coordinación y articulación de la experiencia, fortaleciendo el trabajo conjunto entre comunidad, guardaparques, voluntarios y actores locales comprometidos con la educación ambiental.

Alimentación preparada desde el territorio

Otro aspecto importante del curso fue el cuidado puesto en la alimentación de los participantes.

Los refrigerios ofrecidos durante las jornadas fueron preparados en el propio humedal utilizando productos frescos y no industriales. Este detalle reforzó el carácter comunitario de la experiencia y transmitió también un mensaje coherente con los valores del curso: valorar lo cercano, lo natural y lo preparado con dedicación desde el territorio.

Un esfuerzo colectivo por la niñez de Santay

El Observatorio de Santay expresa un especial agradecimiento a la guardaparque Mgs. Diana Otero por su valiosa coordinación y acompañamiento durante el curso, así como a los guardaparques Stalyn Roldán, John Bajaña, Iralda Cirino y Jonathan Coronel, quienes compartieron charlas educativas con los niños sobre el cuidado del humedal, el agua, la fauna y el rol de los guardaparques dentro del área protegida.

Asimismo, expresa su agradecimiento al Biol. Eric Salavarria, Administrador del Área Nacional de Recreación Isla Santay e Isla Gallo, por su colaboración y apertura para el desarrollo de esta experiencia de educación ambiental comunitaria.

De igual manera, se reconoce el importante apoyo brindado por la Sra. Elsita Rodríguez y la comunidad organizada de ASOSERTU-Santay, cuya colaboración permitió desarrollar las actividades en la Casa Comunal y fortalecer el carácter comunitario del curso.

Mucho más que un curso vacacional

“Pequeños Guardianes del Humedal” dejó una enseñanza importante: proteger un humedal no empieza únicamente con normas o infraestructura. También comienza cuando un niño aprende a valorar el lugar donde vive y descubre que su territorio tiene historia, biodiversidad, cultura, comunidad y futuro.

En un contexto donde la niñez y juventud de Santay necesitan más oportunidades educativas, culturales y recreativas, experiencias como esta ayudan a fortalecer la autoestima territorial, el sentido de pertenencia y la conciencia ambiental de las nuevas generaciones.

La clausura del curso finalizó con la entrega de diplomas de participación en un ambiente de alegría, gratitud y esperanza, celebrando el compromiso de estos pequeños guardianes del humedal.

Porque sembrar conciencia en la infancia es también sembrar futuro para Santay.