Durante años, el acceso gratuito a muchas áreas protegidas ha permitido que miles de ciudadanos disfruten de estos espacios y fortalezcan su vínculo con la naturaleza. Esa política ha tenido importantes beneficios sociales y educativos. Pero la conservación también tiene costos concretos: mantenimiento de infraestructura, monitoreo ambiental, educación ambiental, control y vigilancia, atención a visitantes y apoyo a las comunidades que habitan algunos de estos territorios.
La isla Santay es un ejemplo claro de esta realidad. Como humedal protegido y habitado, enfrenta desafíos que van más allá de la conservación ambiental. Su sostenibilidad requiere mantener servicios básicos, apoyar la educación ambiental, cuidar la infraestructura pública y fortalecer las oportunidades para la comunidad local.
Un caso específico permite comprender mejor el problema. El ingreso gratuito de visitantes a Santay debe seguir siendo valorado como una política de acceso ciudadano. Sin embargo, cuando el ingreso turístico se reabra formalmente y las ciclovías y camineras estén reparadas, seguras y operativas, será necesario discutir también el uso de bicicletas en la isla. Su tránsito constante, sean bicicletas externas o de uso local, genera un desgaste material directo sobre ciclovías, camineras e infraestructura pública.
Allí aparece una distinción necesaria: una cosa es garantizar el acceso libre de las personas al área protegida, y otra distinta es permitir, sin ningún mecanismo de sostenibilidad, el uso de medios que producen costos permanentes de mantenimiento. En el caso de los visitantes, una contribución específica por el ingreso de bicicletas externas podría ser una medida razonable. En el caso de los pobladores, el mecanismo debería ser diferenciado, justo y construido con la comunidad, considerando que para ellos la bicicleta no es solamente recreación, sino también movilidad cotidiana, trabajo, estudio y vida familiar.
No se trataría de cobrar por entrar al área protegida, ni de limitar el derecho ciudadano a disfrutar de la naturaleza. Se trataría de reconocer que ciertos usos generan costos materiales que alguien debe asumir. Si esos costos no se prevén, la infraestructura se deteriora, la experiencia de los visitantes empeora y la propia comunidad termina enfrentando las consecuencias de una conservación sin recursos suficientes.
Por eso, cualquier contribución relacionada con bicicletas debería estar claramente destinada al mantenimiento de ciclovías y camineras, con reglas transparentes y criterios diferenciados. No puede tratarse de una carga indiscriminada, sino de un mecanismo responsable para sostener una infraestructura que beneficia tanto a los visitantes como a los habitantes de Santay.
En un contexto de restricciones presupuestarias, resulta necesario explorar mecanismos complementarios de financiamiento que permitan generar recursos sin afectar el acceso ciudadano ni los objetivos ambientales. La experiencia internacional demuestra que es posible combinar el apoyo estatal con educación ambiental, turismo responsable, alianzas institucionales, donaciones, cooperación internacional y otros modelos compatibles con la protección de la naturaleza.
Proteger nuestros humedales y áreas protegidas es una responsabilidad colectiva. Pero para que la conservación sea efectiva y duradera, además de voluntad, también se necesitan recursos, gestión y mecanismos transparentes que permitan sostenerla en el tiempo.
La conservación no fracasa por falta de leyes, sino cuando faltan los medios para convertir esas leyes en acciones permanentes.
José Delgado Mendoza, Gestor Cultural y Ambiental, Director del Observatorio de Santay
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Fotografía: Wladimir Torres
