Hace 12 años fue presentada una petición para que la Isla Santay sea declarada Área Protegida. Hasta el momento, ninguna respuesta. Una nueva petición fue relanzada a la Ministra del Ambiente el 23 de marzo pasado, similar resultado. El 3 de septiembre la misma es presentada al Presidente de la República quien a través del SubSecretario General de la Administración Pública solicita a la Ministra del Ambiente responder a la solicitud. Siempre sin respuesta.
Desde 1996 han pasado 5 Presidentes de la República, 13 Ministros del Ambiente y la petición sigue siendo dando vueltas y cualquier respuesta es evitada. En el año 2000, ante la oposición evidente a tal declaratoria, el Comité Ecológico del Litoral (CEL), solicita que Santay sea reconocida como Sitio RAMSAR es decir Humedal de Importancia Internacional. Objetivo que se logra siendo el quinto sitio RAMSAR del Ecuador a la época.
Ser sitio RAMSAR es importante pero no suficiente en términos de protección. Incluso la convención RAMSAR recomienda a los gobiernos la posibilidad de declarar como Áreas Protegidas a sus sitios declarados, que es el caso de Santay.
Las razones ecológicas por las cuales Santay debe ser parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas han sido demostradas, y de ninguna manera se trata de una petición que involucre algún tipo de beneficio institucional o personal de quien las solicita. Todo lo contrario, los beneficios son para la isla, para la región, para el país, para el mundo.
Hay una sola razón por la cual una zona con caracteristicas y valores naturales importantes de ser salvaguardados no es interesante para un Estado. No hay voluntad política de que asi sea.
Pero de manera paralela, así como no hay voluntad gubernamental para con este importante espacio de patrimonio natural, no hay el menor interés por la población que lo habita, un poco más de 200 personas cuyos bisabuelos llegaron como mano de obra agro-ganadera desde 1946 según datos confirmados.
A finales de 1999, la población logra construir la única escuela de la isla, la misma que ahora sufre la fuerza del tiempo y necesita ser reparada. El apoyo de los Amigos de Santay en el extranjero se hace presente con los materiales y los padres de familia y población van a repararla en las próximas semanas con el mismo amor que cuando la construyeron. Mejor aún, hay el ofrecimiento del Ministerio de Educación de construir una nueva escuela, más segura frente al tiempo, debido a que la falta de recursos económicos y las permanentes inundaciones han tenido sus efectos. De llegar a feliz término esta construcción, la escuelita actual, símbolo del trabajo comunitario, seguirá su vida útil como centro de actividades de la Asociación de Pobladores San Jacinto de Santay. Mientras tanto el nuevo año escolar se acerca y 50 niños de esta escuela unidocente seguirán sus estudios primarios bajo el amor y la tutela de la maestra Ena.
La Isla Santay terminó con su larga historia de haciendas ganaderas en 1980 cuando fue expropiada por el gobierno a favor del Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV) con el fin de realizar un proyecto de vivienda, el cual por razones técnicas nunca vio la luz. En el año 2002, mediante un "fideicomiso mercantil" el Gobierno de Gustavo Noboa cedió a la Fundación Malecón 2000 la administración de la isla por 80 años. Su finalidad constituye el realizar un proyecto recreacional, cultural y turístico. Al respecto, además de los senderos, el principal atractivo turístico hasta ahora son 11 cocodrilos en encierro provenientes del Parque Histórico y que según Malecón 2000 serán puestos en libertad en la isla en pocos años.
En el documento de fideicomiso no hay una sóla palabra en la cual se hable de la presencia y el futuro de la población que habita la isla, aún sabiendo muy bien de su presencia. Por el contrario, se hace referencia y en primeras líneas de la preservación de las diversas especies animales y vegetales existentes en la isla. Eso dice mucho del interés de los firmantes del fideicomiso en la población en Santay.
Un ejemplo es que el turismo no involucra a la población, ellos participan en ella pero nada tienen que ver con su organización. Lo que resulta ilógico cuando se presenta la oferta como eco-tuística.
La población está sujeta a las decisiones de los administradores del fideicomiso, cuando este documento ni los nombra. Casas de Hogar de Cristo les fueron donadas pero mas parecen cedidas, prestadas o cualquier otra figura pero no suyas. Más bien más de una oportunidad esas viviendas se han convertido en objeto de coacción para con los pobladores, a eso se le puede llamar cualquier cosa menos desarrollo comunitario.
La pena de todo esto es que ni el Banco de la Vivienda, legalmente propietario de la isla y representante del Estado; ni el Ministerio de Bienestar Social o su subsecretario del Litoral involucrados textualmente en el fideicomiso dicen algo respecto a la situación de la población. Claro, la misma no existe en este documento!
Publicada también en El Nuevo Empresario el 13 de enero de 2009
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