Santay: acceso cerrado, oportunidad abierta

Sin acceso, Santay deja de ser destino y vuelve a ser lo que siempre ha sido: un territorio vivo que aún no entendemos del todo.

El cierre del acceso terrestre a la isla Santay, vigente desde noviembre de 2025, ha evidenciado la disminución del flujo de visitantes y ha vuelto a situar en el centro del debate la gestión de este espacio único frente a Guayaquil, en estrecha relación con Durán. Más allá de la incomodidad inmediata, esta situación revela una oportunidad poco frecuente: replantear el modelo bajo el cual Santay ha sido concebida y administrada.

Durante años, la isla ha sido promovida principalmente como un espacio de recreación. La ciclovía, convertida en símbolo de conexión con la ciudad, permitió acercar a miles de personas a un entorno natural excepcional. Sin embargo, también consolidó una mirada limitada: la de Santay como lugar de visita, más que como un territorio vivo, complejo y habitado. El cierre actual deja en evidencia esa fragilidad: cuando el acceso se interrumpe, la relación con la isla se debilita rápidamente, lo que sugiere que el vínculo construido ha dependido más de la infraestructura que de una comprensión profunda de su valor ecológico y social.

Santay no es únicamente un área protegida ni un destino turístico. Es un humedal habitado, donde coexisten procesos ecológicos de alto valor con una comunidad que ha tejido, durante décadas, su vida en estrecha relación con el entorno. En este contexto, el acceso no debe entenderse solo como un asunto de infraestructura, sino como un tema de gobernanza. ¿Qué tipo de relación queremos construir entre la ciudad y la isla? ¿Una basada en visitas esporádicas o en el reconocimiento de un territorio socioambiental que requiere cuidado, conocimiento y corresponsabilidad?

El momento actual debería impulsar una reflexión más amplia. La reapertura, cuando ocurra, no puede limitarse a restablecer lo que existía, sino que debe convertirse en una oportunidad para mejorar el modelo: integrar de manera efectiva a la comunidad, fortalecer la educación ambiental y redefinir el rol de Santay dentro del sistema urbano y ecológico de Guayaquil y Durán. En este proceso, resulta fundamental que el Ministerio del Ambiente y Energía del Ecuador informe de manera clara y oportuna sobre las causas del cierre, el estado real de la infraestructura y los plazos previstos para su recuperación, ya que la transparencia no solo genera confianza, sino que permite construir una respuesta colectiva mejor orientada.

Porque este cierre deja claro que el problema no es solo cómo llegar a Santay, sino cómo entenderla. Santay sigue allí: viva, habitada y vigente. La decisión pendiente no es técnica, es colectiva.

José Delgado Mendoza
Gestor cultural y ambiental
Director del Observatorio de Santay

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Santay: cuando la infraestructura falla y la empatía también

Aprecio profundamente a los ciclistas que han visitado Santay desde la apertura de las ciclovías. Su presencia, bien gestionada, puede ser positiva. Pero es importante recordar que los primeros daños en la infraestructura aparecieron apenas a pocos meses de inaugurarse, y fue el propio ministro de Ambiente de ese entonces —creo que Daniel Ortega— quien advirtió públicamente sobre el pésimo material utilizado y la forma antitécnica en que fue colocado, además de que el mismo Presidente de la República desistió de volver a circular en bicicleta en Snatay.

Tan deficiente fue la construcción que varias obras nunca llegaron a entregarse oficialmente. Terminaron en procesos judiciales, quedaron sin responsables claros y, hasta hoy, viven en una especie de “orfandad institucional”: cuando toca rendir cuentas, nadie es padre del guagua.

La ciclovía y el puente sirven al turismo, sí, pero su razón principal es garantizar la movilidad de la comunidad de Santay. En el reciente choque de la embarcación María José contra el puente, no vi a ningún colectivo ciclista acercarse a preguntar:
¿Qué pasó? ¿Cómo se puede ayudar? ¿Cómo van a trasladarse los niños, trabajadores, personas enfermas? ¿Tendrá la comunidad el dólar necesario para entrar y salir en canoa?

Con franqueza: en muchas reacciones de ciclistas no he visto solidaridad ni empatía hacia la población local. Veo reclamos centrados solo en el uso recreativo de la ciclovía, pero casi nunca preocupación por quienes viven allí y dependen diariamente de ese acceso.

Quisiera dejar una reflexión: la Ley de Áreas Protegidas siempre ha establecido que el ingreso a Santay es gratuito para las personas, pero no dice nada sobre el ingreso con bicicletas, cuyo impacto es mucho mayor en una infraestructura frágil y mal construida. El peso de una persona no es igual al de una persona más una bicicleta, concentrado en dos puntos de carga: ese desgaste tiene un costo real que nadie está cubriendo.

Y aquí surge un punto clave: la nueva Ley de Áreas Protegidas 2025 permite que las áreas protegidas establezcan tarifas de ingreso, de acuerdo con su realidad, fragilidad y necesidades de gestión.
Si hay un sitio donde esta medida es no solo razonable sino urgente, ese sitio es Santay.

El modelo original —que la comunidad alquilara bicicletas para generar recursos destinados al mantenimiento— nunca funcionará si la mayoría de visitantes ingresa con bicicletas propias sin pagar nada, generando un desgaste sistemático del que nadie se responsabiliza.

Tampoco he visto a grupos ciclistas llegar sin bicicletas, pero con herramientas —martillos, pernos, sierras, plantas eléctricas— para organizar jornadas de reparación comunitaria. Con brigadas de 20 o 30 personas, en cuatro fines de semana podría haberse recuperado gran parte de la infraestructura. Eso sí sería un verdadero aporte.

En cambio, lo que hemos visto son plantones y recolección de firmas pidiendo al Estado que repare lo que lleva más de una década deteriorándose. Y así, esperando siempre que otros actúen, podemos seguir años.

Santay necesita aliados reales: personas que entiendan que este no es solamente un lugar para pedalear, sino un hogar, un humedal frágil y un patrimonio natural y humano que requiere respeto, compromiso y corresponsabilidad.

La nueva Ley 2025 abre la puerta a una gestión más justa y sostenible. Pero esa posibilidad solo servirá si entendemos que cuidar Santay no es gratis, y que quienes la usan —todos— deben asumir su parte de responsabilidad.