Economía solidaria para Santay

La Isla Santay no es solo un destino turístico. Es un humedal, un área protegida y un territorio habitado, donde una comunidad ha intentado durante años organizarse, sostener actividades productivas, atender visitantes y conservar un patrimonio natural y cultural de enorme valor. Precisamente por esa condición excepcional, su organización comunitaria se ha estructurado bajo los lineamientos de la Economía Popular y Solidaria, entendiendo que el desarrollo del territorio solo puede construirse desde el esfuerzo colectivo y el bienestar común.

Sin embargo, en la práctica, esa comunidad ha recibido poco acompañamiento real. Se le exige organización, cumplimiento administrativo y capacidad de gestión, pero no siempre se le brinda asistencia técnica sostenida, capacitación, fortalecimiento comercial, acceso a mercados, apoyo para mejorar sus servicios ni articulación efectiva con las instituciones públicas responsables.

Es posible que dentro del sistema de Economía Popular y Solidaria las asociaciones ocupen un lugar menos visible que las cooperativas, sobre las cuales suele concentrarse mayor atención institucional. Pero eso no debería convertirlas en organizaciones de segunda categoría. Si una comunidad se organiza bajo esta figura, cumple requisitos y forma parte del sistema, debe existir también un compromiso de fortalecimiento que acompañe esa pertenencia.

La membresía o reconocimiento dentro de la Economía Popular y Solidaria no debería significar solo obligaciones para la comunidad. También debería abrir una puerta a capacidades, herramientas, orientación técnica y oportunidades reales. De lo contrario, la formalización termina siendo una carga antes que un apoyo.

El problema de Santay no es la falta de voluntad comunitaria. El problema es que la Economía Popular y Solidaria no puede limitarse a registrar organizaciones, supervisarlas o pedirles requisitos. En territorios frágiles, habitados y ambientalmente estratégicos, debe traducirse en presencia, guía, formación y acompañamiento permanente.

Santay podría ser un caso piloto nacional de economía solidaria aplicada a un humedal habitado y a un área protegida con población local. Allí convergen conservación, turismo comunitario, educación ambiental, cultura fluvial y economía local. Pero para que eso ocurra, se necesita una acción coordinada entre las instituciones de economía popular y solidaria, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Turismo, los gobiernos locales de Guayaquil y Durán, la academia y la propia comunidad.

No se puede pedir a una comunidad que cuide un humedal, habite responsablemente un área protegida, reciba visitantes, sostenga servicios y genere ingresos dignos si el Estado no la acompaña de manera seria. La Economía Popular y Solidaria será realmente transformadora cuando llegue a territorios como Santay no solo como normativa, sino como una política viva, cercana y útil.

Santay no necesita más discursos sobre desarrollo territorial. Necesita que esos discursos se conviertan en acompañamiento concreto.

José Delgado Mendoza, Gestor Cultural y Ambiental, Director del Observatorio de Santay

Este contenido ha sido publicado originalmente por EL COMERCIO. : https://www.elcomercio.com/cartas/cartas-a-quito-3-de-agosto-de-2026/

Santay también merece esa coherencia

Hace poco, una alta autoridad del Ecuador dijo una frase importante: “Galápagos demuestra que cuando un país protege su patrimonio natural también protege el bienestar de su gente”.

Me parece una frase muy valiosa. Porque recuerda algo esencial: la conservación no puede separarse de la vida de las personas. No se protege realmente un territorio si se deja de lado a quienes lo habitan, lo cuidan o dependen de él. Desde esa misma mirada, creo que vale la pena pensar también en la isla Santay.

Santay es patrimonio natural del Ecuador. Es un humedal Ramsar, un área protegida y, sobre todo, un territorio habitado. Allí vive una comunidad que, durante décadas, ha convivido con el río, el manglar, la pesca, la memoria fluvial y las posibilidades de un turismo comunitario responsable.

Por eso, cuando el acceso permanece cerrado, cuando la infraestructura se deteriora, cuando la movilidad diaria se vuelve cada vez más difícil, cuando la escuela y las actividades comunitarias enfrentan tantas limitaciones, no solo se afecta a un espacio natural.

Se afecta también a la gente. A las familias que viven allí. A los niños que estudian allí. A quienes han tratado de sostener, con mucho esfuerzo, una relación digna entre conservación, comunidad y trabajo. No se trata de comparar a Santay con Galápagos. Mucho menos de restar importancia al valor inmenso que tienen las islas para el Ecuador y para el mundo. Se trata, más bien, de que esa misma coherencia pueda llegar también a otros territorios protegidos del país.

Porque Santay también necesita atención. Necesita mantenimiento, seguridad, acompañamiento institucional y condiciones mínimas para que su comunidad pueda seguir viviendo con dignidad dentro de un área protegida. Santay no pide privilegios. Pide algo más sencillo y justo: que el principio sea el mismo.

Si proteger el patrimonio natural significa proteger también el bienestar de su gente, entonces la conservación de Santay debe incluir a su comunidad, sus accesos, su escuela, su economía local y su dignidad cotidiana.

Porque un área protegida no se conserva solo con declaratorias. Se conserva con presencia, cuidado, responsabilidad y continuidad.

José Delgado Mendoza, Gestor Cultural y Ambiental, director del Observatorio de Santay

Este contenido ha sido publicado originalmente por EL COMERCIO.  https://www.elcomercio.com/cartas/cartas-a-quito-27-de-julio-de-2026/

Santay no puede seguir esperando

Han pasado 231 días desde el cierre del acceso peatonal y ciclista a la Isla Santay. Lo que inicialmente pudo entenderse como una medida necesaria por razones de seguridad, hoy se ha convertido en una espera demasiado larga para una comunidad que vive dentro de un humedal de importancia internacional.

Santay no es únicamente un sitio turístico. Es un territorio habitado, con familias, niños, escuela, memoria, trabajo comunitario y una relación diaria con el río y el humedal. Cuando el acceso permanece cerrado durante tantos meses, no se detiene solamente la visita turística: se afecta la economía local, se limita la educación formal y ambiental, se debilita la vida comunitaria y se golpea la dignidad de una población que ha demostrado por años compromiso con su territorio.

La infraestructura de acceso a Santay fue ejecutada con recursos públicos. Por tanto, debía estar sujeta a planificación, fiscalización, mantenimiento y control. Si el propio Estado identificó problemas técnicos o deficiencias en esas obras, correspondía activar oportunamente los mecanismos institucionales para exigir reparaciones, responsabilidades y soluciones. Lo que no podía ocurrir era que la infraestructura quedara abandonada y que las consecuencias terminaran cayendo sobre la comunidad.

Además, han pasado cerca de diez años desde que la Contraloría General del Estado, en un informe especial, advirtió que el material utilizado en las ciclovías no tendría una duración adecuada, tanto por su calidad como por la forma en que fue colocado. Es decir, el deterioro actual no puede presentarse como una sorpresa. Hubo señales, observaciones y alertas institucionales que debieron activar decisiones oportunas.

Lo más triste es que este caso no ha sido invisible. Ha pasado por escritorios, informes, reuniones y competencias institucionales. Algunos funcionarios, incluso, han conocido el caso desde distintas funciones públicas, viendo regresar el mismo problema una y otra vez sin que se active una respuesta suficiente. Sin embargo, ni siquiera parece haberse hecho lo mínimo indispensable: pedir una actualización administrativa del caso, conocer el estado real de las gestiones entre las carteras responsables, exigir información técnica clara y comunicar a la comunidad una ruta concreta de solución. Cuando una comunidad espera durante meses sin respuestas, el silencio también se vuelve una forma de abandono.

Desde las esferas burocráticas resulta fácil cuestionar la falta de participación o interés de la comunidad en mejorar las condiciones de una infraestructura pública. Pero la realidad en Santay es distinta: cuando las respuestas institucionales no llegan, la comunidad intenta sostener su territorio con lo poco que tiene.

En medio de esta larga espera, pobladores de Santay han realizado trabajos por iniciativa propia en algunos sectores de la ciclovía, sin recursos estatales y con enormes limitaciones materiales. Ese esfuerzo no debe ser mal visto. Al contrario, demuestra compromiso, organización y sentido de pertenencia. Pero también revela una situación preocupante: una comunidad no debería verse obligada a asumir, con sus propios medios, tareas que corresponden a una obra pública.

También preocupa la seguridad. Mientras en otros espacios se discute cómo fortalecer la protección de las áreas protegidas, en Santay, a pocos cientos de metros de Guayaquil y Durán, dos ciudades densamente pobladas y centrales para la vida económica del país, una comunidad sigue esperando respuestas concretas. La seguridad no puede ser un discurso lejano cuando los habitantes, visitantes y guardaparques enfrentan riesgos cotidianos derivados del deterioro, el abandono y la falta de vigilancia suficiente.

El turismo comunitario no puede seguir paralizado indefinidamente. Muchas familias han construido, con esfuerzo y constancia, una forma honesta de recibir visitantes, contar su historia y mostrar el valor de vivir en un área protegida. Cada día de cierre significa menos ingresos, menos oportunidades y más incertidumbre.

Es comprensible que existan problemas técnicos, administrativos o presupuestarios. Pero lo que no resulta aceptable es que la espera se prolongue sin información clara, sin plazos públicos y sin una hoja de ruta visible para la reparación y reapertura segura del acceso.

Santay no puede seguir esperando mientras la vida comunitaria, la educación y el turismo se mantienen detenidos. Las instituciones responsables deben informar con transparencia qué se ha hecho, qué falta por hacer, quién tiene la competencia directa, qué acciones de control se han iniciado y cuándo se devolverá a la comunidad y a la ciudadanía un acceso digno, seguro y funcional.

La conservación no puede sustentarse únicamente en discursos. Necesita decisiones, mantenimiento, presupuesto, coordinación institucional, seguridad, control público y respeto por la gente que vive en los territorios protegidos.

Santay ya esperó demasiado. No es posible que un proyecto estatal, creado para conectar y beneficiar a una comunidad, termine convirtiéndose en su calvario.

José Delgado Mendoza, Gestor Cultural y Ambiental. Director del Observatorio de Santay

Fotos: Wladimir Torres

Este contenido ha sido publicado originalmente por EL COMERCIO https://www.elcomercio.com/cartas/cartas-a-quito-22-de-julio-de-2026/

Por qué hay que creer en Santay

Hay que creer en Santay porque no es solamente una isla frente a Guayaquil y Durán. Es un territorio vivo, habitado, con memoria, con familias, con niños, con escuela, con trabajo comunitario y con una relación profunda entre la gente, el río y el humedal.

Hay que creer en Santay porque su comunidad ha demostrado, durante décadas, que vivir en un área protegida no significa ser un problema para la conservación, sino parte de su sentido más humano. Allí se ha enseñado, cuidado, resistido y construido mucho más de lo que muchas veces se reconoce desde lejos.

Hay que creer en su escuela. Después de 26 años de esfuerzo comunitario, Santay pudo haber tenido ya un colegio, mejores condiciones, electricidad, internet y más oportunidades para sus niños y jóvenes. Sin embargo, las promesas han sido muchas y las respuestas concretas demasiado pocas. No se puede seguir ofreciendo el oro y el moro mientras necesidades básicas siguen esperando solución.

Hay que creer en sus niños y jóvenes, que siguen estudiando y creciendo a pesar de las dificultades que una escuela sin electricidad ni internet puede generar en estos tiempos. Esa realidad no debería ser normal, mucho menos en un territorio de tanta importancia ambiental y social.

Hay que creer en su población, porque cree en su propia fortaleza y en su solidaridad comunitaria. Cuando las respuestas institucionales han llegado tarde, incompletas o simplemente no han llegado, la comunidad ha intentado sostener su vida cotidiana, su educación, su turismo comunitario y su dignidad con lo poco que tiene.

Hay que creer en Santay porque es un humedal inscrito en la Convención de Ramsar. Ese reconocimiento internacional debe traducirse en mayores garantías de protección, mejores herramientas de gestión y nuevas oportunidades para fortalecer a su comunidad y a su ecosistema. Santay no debe ser vista únicamente como un sitio vulnerable, sino como un territorio con capacidades, derechos, memoria y potencial.

Hay que creer también en la posibilidad de que la cooperación internacional ponga sus ojos en esta isla y responda a sus necesidades. No como caridad ni como ayuda humanitaria, sino como una oportunidad para construir alianzas serias, transparentes y sostenidas en educación, conservación, restauración, seguridad, turismo comunitario y fortalecimiento organizativo.

También hay que creer en la posibilidad de que el aparato administrativo encargado de las áreas protegidas deje de mirar casi exclusivamente hacia Galápagos y ponga atención al resto del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Ecuador tiene otros territorios valiosos, frágiles y habitados que también necesitan presupuesto, presencia institucional, asistencia técnica y decisiones oportunas.

Santay necesita apoyo. Su organización comunitaria debe fortalecerse con capacitación, acompañamiento y ejemplo. Ningún proceso comunitario se sostiene únicamente con buena voluntad. Hace falta planificación, cooperación, liderazgo local, instituciones responsables y una mirada de largo plazo.

Hay que creer en Santay, pero también hay que preguntarse cómo sostener esa confianza cuando, teniendo la isla un muelle de llegada, Guayaquil no cuenta con un muelle de partida dedicado y funcional para su turismo fluvial. Santay necesita accesos seguros también desde Durán, pero ante todo requiere una conexión fluvial digna desde Guayaquil, coherente con su historia, su ubicación y su vocación turística.

Hay que creer en Santay porque su historia demuestra que la conservación no se hace solamente con decretos, discursos o reconocimientos internacionales. Se hace también con mantenimiento, presencia, seguridad, educación, respeto y decisiones públicas responsables. Un humedal habitado necesita instituciones que escuchen, que actúen y que comprendan que detrás de cada obra abandonada hay personas que cargan con sus consecuencias.

No se puede tratar a Santay como un asunto secundario. No puede ser normal que una comunidad ubicada a pocos cientos de metros de dos de las ciudades más importantes del país deba esperar indefinidamente por soluciones básicas. No puede ser normal que una obra pública, creada para conectar y beneficiar, termine convirtiéndose en una carga para quienes debía servir.

Creer en Santay no es idealizarla. Es reconocer sus problemas, sus necesidades y también su enorme valor. Es entender que su comunidad no pide privilegios, sino respuestas concretas, seguridad, acceso digno, educación, conectividad y respeto por su derecho a vivir y trabajar en su territorio.

Hay que creer en Santay porque todavía es posible corregir lo que se ha hecho mal. Porque aún se puede reparar, coordinar, informar, cooperar y actuar. Porque el abandono no puede ser el destino de un humedal de importancia internacional ni de la comunidad que lo habita.

Santay ha esperado demasiado. Y cuando una comunidad sigue creyendo en su territorio, el Estado no tiene derecho a seguir fallando.

José Delgado Mendoza, Gestor Cultural y Ambiental, director del Observatorio de Santay

Este contenido ha sido publicado originalmente por EL COMERCIO. https://www.elcomercio.com/cartas/cartas-a-quito-10-de-julio-de-2026/

Conservar también cuesta

Las áreas protegidas constituyen uno de los mayores patrimonios naturales del Ecuador. Gracias a ellas se preservan ecosistemas, especies y paisajes que benefician a toda la sociedad. Sin embargo, hay una pregunta que debe discutirse con mayor seriedad: ¿cómo garantizar su sostenibilidad cuando los recursos públicos disponibles son cada vez más limitados?

Durante años, el acceso gratuito a muchas áreas protegidas ha permitido que miles de ciudadanos disfruten de estos espacios y fortalezcan su vínculo con la naturaleza. Esa política ha tenido importantes beneficios sociales y educativos. Pero la conservación también tiene costos concretos: mantenimiento de infraestructura, monitoreo ambiental, educación ambiental, control y vigilancia, atención a visitantes y apoyo a las comunidades que habitan algunos de estos territorios.

La isla Santay es un ejemplo claro de esta realidad. Como humedal protegido y habitado, enfrenta desafíos que van más allá de la conservación ambiental. Su sostenibilidad requiere mantener servicios básicos, apoyar la educación ambiental, cuidar la infraestructura pública y fortalecer las oportunidades para la comunidad local.

Un caso específico permite comprender mejor el problema. El ingreso gratuito de visitantes a Santay debe seguir siendo valorado como una política de acceso ciudadano. Sin embargo, cuando el ingreso turístico se reabra formalmente y las ciclovías y camineras estén reparadas, seguras y operativas, será necesario discutir también el uso de bicicletas en la isla. Su tránsito constante, sean bicicletas externas o de uso local, genera un desgaste material directo sobre ciclovías, camineras e infraestructura pública.

Allí aparece una distinción necesaria: una cosa es garantizar el acceso libre de las personas al área protegida, y otra distinta es permitir, sin ningún mecanismo de sostenibilidad, el uso de medios que producen costos permanentes de mantenimiento. En el caso de los visitantes, una contribución específica por el ingreso de bicicletas externas podría ser una medida razonable. En el caso de los pobladores, el mecanismo debería ser diferenciado, justo y construido con la comunidad, considerando que para ellos la bicicleta no es solamente recreación, sino también movilidad cotidiana, trabajo, estudio y vida familiar.

No se trataría de cobrar por entrar al área protegida, ni de limitar el derecho ciudadano a disfrutar de la naturaleza. Se trataría de reconocer que ciertos usos generan costos materiales que alguien debe asumir. Si esos costos no se prevén, la infraestructura se deteriora, la experiencia de los visitantes empeora y la propia comunidad termina enfrentando las consecuencias de una conservación sin recursos suficientes.

Por eso, cualquier contribución relacionada con bicicletas debería estar claramente destinada al mantenimiento de ciclovías y camineras, con reglas transparentes y criterios diferenciados. No puede tratarse de una carga indiscriminada, sino de un mecanismo responsable para sostener una infraestructura que beneficia tanto a los visitantes como a los habitantes de Santay.

En un contexto de restricciones presupuestarias, resulta necesario explorar mecanismos complementarios de financiamiento que permitan generar recursos sin afectar el acceso ciudadano ni los objetivos ambientales. La experiencia internacional demuestra que es posible combinar el apoyo estatal con educación ambiental, turismo responsable, alianzas institucionales, donaciones, cooperación internacional y otros modelos compatibles con la protección de la naturaleza.

Proteger nuestros humedales y áreas protegidas es una responsabilidad colectiva. Pero para que la conservación sea efectiva y duradera, además de voluntad, también se necesitan recursos, gestión y mecanismos transparentes que permitan sostenerla en el tiempo.

La conservación no fracasa por falta de leyes, sino cuando faltan los medios para convertir esas leyes en acciones permanentes.

José Delgado Mendoza, Gestor Cultural y Ambiental, Director del Observatorio de Santay

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Fotografía: Wladimir Torres

¿Quién debe reparar Santay?

Durante los últimos meses se ha vuelto frecuente escuchar que la comunidad de la Isla Santay debe involucrarse en la búsqueda de soluciones para recuperar el turismo afectado por el cierre del acceso peatonal y ciclista. La participación comunitaria siempre es positiva y necesaria. Santay ha demostrado durante años organización, resiliencia y compromiso con su territorio.

Sin embargo, existe una diferencia fundamental entre colaborar en las soluciones y asumir responsabilidades que corresponden al Estado.

La infraestructura de acceso a Santay, incluida la calzada compartida para peatones y bicicletas, fue concebida, diseñada, contratada, fiscalizada y administrada por instituciones públicas. Aunque eventualmente pobladores de la isla hayan participado como mano de obra en determinadas etapas, eso no significa que la comunidad haya tenido responsabilidad técnica, contractual o institucional sobre la obra. No fue la comunidad quien definió los materiales, aprobó los diseños, supervisó técnicamente su instalación ni administró los recursos destinados a su construcción y mantenimiento.

Por ello resulta legítimo preguntarse por qué, casi diez años después de que la Contraloría General delEstado identificara problemas técnicos y deterioro prematuro en esa infraestructura elevada, la situación ha terminado afectando principalmente a quienes menos responsabilidad tuvieron en su origen.

Los pobladores de Santay no fueron responsables de las decisiones técnicas ni institucionales que dieron origen a la calzada compartida de acceso ni a las camineras peatonales internas de la comunidad. Tampoco estuvieron a cargo de garantizar su mantenimiento estructural. Sin embargo, son quienes han debido adaptarse a las restricciones, explicar la situación a los visitantes y enfrentar diariamente las consecuencias del cierre.

Detrás de esta situación existen familias, emprendedores, estudiantes y trabajadores que han visto reducirse las oportunidades asociadas al turismo comunitario. Mientras tanto, la discusión pública parece trasladar cada vez más hacia la propia comunidad la responsabilidad de encontrar soluciones.

La pregunta no debería ser quién tiene la culpa. La pregunta es quién tiene la responsabilidad.

Las comunidades pueden colaborar, aportar ideas y convertirse en aliadas de la conservación y el desarrollo local. Pero no deberían verse obligadas a sustituir las obligaciones de las instituciones responsables de garantizar la seguridad, el mantenimiento y la continuidad de obras construidas con recursos de todos los ecuatorianos.

Santay continúa demostrando su compromiso con la conservación, la educación ambiental y el turismo comunitario. Lo mínimo que merece es que las instituciones responsables asuman también el suyo. Porque cuando una obra pública deja de funcionar, no debería ser la comunidad más pequeña la que cargue con el peso más grande.

José Delgado Mendoza, Gestor Cultural y Ambiental, director del Observatorio de Santay

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NOTA: La imágenes no hace parte del contenido publicado en El Comercio. Pero si hacen parte de la historia de Santay. 

La escuela y la transformación de Santay

En la Isla Santay, la escuela nunca ha sido únicamente un lugar para recibir clases. Desde hace generaciones, la educación ha representado para la comunidad una esperanza de transformación y permanencia dentro del humedal.

La escuela comunitaria de Santay comenzó a funcionar alrededor del año 2000. Su creación marcó un momento importante en la historia social de la isla, porque durante gran parte del siglo XX la vida de sus habitantes estuvo vinculada principalmente al trabajo hacendario, la ganadería, la agricultura y las dinámicas propias del río.

Eso también plantea una reflexión histórica profunda: ¿cómo fue posible que durante décadas generaciones enteras de trabajadores ribereños y sus familias crecieran con acceso limitado o inexistente a educación formal dentro de la isla?

Como ocurrió en muchas zonas rurales y haciendas del Ecuador, gran parte del aprendizaje cotidiano se transmitía entonces desde la experiencia familiar y comunitaria. Los habitantes aprendían navegación, manejo del ganado, agricultura, pesca, conocimiento de las mareas y adaptación al humedal mucho antes de que existiera una infraestructura educativa permanente en el territorio.

La aparición de la escuela representó así mucho más que la construcción de un aula. Significó el paso desde una comunidad marcada principalmente por dinámicas de trabajo rural y ribereño hacia una nueva etapa donde la educación comenzó a ocupar un lugar central en las aspiraciones de las familias de Santay.

A pesar de las dificultades propias del humedal —mareas, humedad, ambiente salino y problemas de acceso— la escuela se convirtió en uno de los principales símbolos de unidad y futuro para la comunidad.

Con los años, este espacio también acogió actividades culturales, talleres ambientales y procesos de fortalecimiento de identidad territorial. Allí, los niños de Santay no solamente aprenden contenidos escolares; también crecen comprendiendo el valor ambiental, histórico y humano del lugar donde viven.

Hoy, cuando gran parte de la educación depende de herramientas digitales y conectividad, resulta inevitable recordar el compromiso anunciado el año pasado de dotar de electricidad e internet a la escuela de Santay. Cumplir esa promesa significaría mucho más que incorporar infraestructura tecnológica: representaría una señal concreta de apoyo a los niños y jóvenes que estudian dentro del humedal.

La escuela se encuentra a menos de 800 metros de Guayaquil, pero muchas veces parece permanecer demasiado lejos de las prioridades institucionales. Llevar electricidad e internet a este espacio educativo sería también reconocer que las comunidades que habitan territorios protegidos merecen acceder a oportunidades en condiciones dignas, sin que su ubicación geográfica se convierta en una forma de exclusión.

Pensar el futuro de Santay implica igualmente pensar en el futuro de su escuela. Porque educar en un humedal habitado significa también cuidar a las nuevas generaciones que darán continuidad a la vida comunitaria y ambiental de la isla.

José Delgado Mendoza, Gestor Cultural y Ambiental, director del Observatorio de Santay

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Volver a construir sobre el río

Durante siglos, el río Guayas no fue únicamente un paisaje observado desde tierra firme. Fue espacio de navegación, trabajo, intercambio, vivienda y construcción. Sus orillas y esteros estuvieron marcados por embarcaciones, astilleros ribereños y estructuras flotantes que formaban parte natural de la vida cotidiana de Guayaquil y de poblaciones conectadas al sistema fluvial.

La Isla Santay también formó parte de esa relación histórica entre comunidad y río. Mucho antes de que los malecones modernos transformaran la percepción urbana del Guayas, el río era entendido como territorio vivo, productivo y habitado.

El Observatorio de Santay no fue construido en la isla, sino en el río Babahoyo. Desde allí emprendió una travesía de 26 horas hasta llegar a Santay, como un gesto concreto de recuperación de la navegación fluvial y de la construcción naval ribereña. Su llegada al humedal recordó que el río no es únicamente un paisaje para mirar desde la orilla, sino un espacio por donde todavía es posible construir, desplazarse, educar y convivir de manera integrada con el agua.

En tiempos donde gran parte de las ciudades parecen haber dado la espalda a sus ríos, experiencias como el Observatorio recuerdan que las culturas fluviales forman también parte del patrimonio histórico y técnico del Ecuador.

A lo largo del río Guayas y del Babahoyo existieron durante generaciones embarcaciones, plataformas, muelles y construcciones flotantes vinculadas a la vida comercial y comunitaria. Esa relación cotidiana con el agua ayudó a definir la identidad de numerosas poblaciones ribereñas.

Recuperar esa memoria no significa regresar al pasado, sino comprender que los ríos pueden volver a ser espacios de encuentro, educación, movilidad y cultura.

Santay recuerda así que un humedal habitado no se limita a conservar la naturaleza. También conserva formas de relación humana con el río que todavía tienen mucho que enseñarnos.

José Delgado Mendoza, Gestor cultural y ambiental. Director del Observatorio de Santay

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Un humedal donde también vive gente

Durante mucho tiempo, gran parte de las áreas protegidas fueron imaginadas como espacios naturales alejados de la presencia humana. Sin embargo, existen territorios donde naturaleza y comunidad han convivido históricamente formando un mismo sistema de vida.

Incluso en el Ecuador existen áreas protegidas donde la presencia humana forma parte de la realidad territorial, como ocurre parcialmente en las Islas Galápagos. Esto recuerda que conservar no siempre significa excluir a las comunidades, sino gestionar de manera responsable la convivencia entre naturaleza, población y actividades humanas.

La Isla Santay es también uno de esos casos.

Frente a Guayaquil, este humedal ha sido durante generaciones espacio de vivienda, pesca, agricultura, navegación y relación cotidiana con el río. Su biodiversidad convive con una comunidad que ha desarrollado formas propias de adaptación y permanencia dentro del humedal.

Comprender Santay únicamente desde la conservación ambiental sería mirar solamente una parte de su realidad. Santay es también un territorio socioambiental habitado, donde los desafíos de educación, movilidad, turismo, conectividad y desarrollo comunitario forman parte de la gestión misma del humedal.

Esa condición convierte a Santay en un espacio particularmente complejo y valioso. Aquí la gobernanza no consiste únicamente en proteger ecosistemas, sino también en construir acuerdos que permitan equilibrar conservación y vida comunitaria.

Los niños y jóvenes que cruzan diariamente hacia sus escuelas y colegios, los habitantes que han visto afectada su actividad turística por el cierre del acceso peatonal desde hace ya 28 semanas, los guardaparques, los visitantes y las iniciativas culturales forman parte de una misma realidad territorial que necesita ser entendida de manera integral. La falta de información clara sobre cuándo y cómo se realizarán las reparaciones necesarias para recuperar la infraestructura de acceso también forma parte de ese desafío de gobernanza.

Uno podría pensar que el silencio institucional responde a trabajos que aún se encuentran en planificación y que pronto serán anunciados. Pero también surge la inquietud de que la falta prolongada de información y decisiones concretas termine convirtiéndose en una forma de inacción con consecuencias cada vez más graves para el humedal y su comunidad.

A veces surge una pregunta incómoda: si para algunas entidades públicas la comunidad de Santay parece estar de más. Sin embargo, una de las razones por las que este humedal conserva condiciones ambientales excepcionales es precisamente el respeto y la relación histórica que sus habitantes han mantenido con el territorio.

Conviene recordar que, cuando la isla fue reconocida como Humedal de Importancia Internacional bajo la Convención Ramsar en el año 2000 y posteriormente declarada área protegida en 2010, tanto los organismos internacionales como las autoridades ecuatorianas conocían plenamente la existencia de una población local que vivía allí desde hacía generaciones. Santay no fue declarada importante a pesar de su comunidad, sino también con ella presente.

En tiempos donde muchas ciudades buscan reconectarse con sus ríos y humedales, Santay ofrece una oportunidad para reflexionar sobre nuevas formas de convivencia entre naturaleza y sociedad.

Proteger un humedal habitado significa entonces algo más profundo que conservar paisajes. Significa también cuidar las relaciones humanas, culturales e históricas que permiten que ese territorio continúe vivo.

José Delgado Mendoza, Gestor Cultural y Ambiental, Director del Observatorio de Santay

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Santay y la memoria fluvial

Frente a Guayaquil, la Isla Santay ha permanecido durante siglos como silenciosa testigo de la historia del río Guayas y de la construcción misma del puerto principal del Ecuador. Mucho antes de convertirse en un referente ambiental contemporáneo, este humedal habitado —marcado también por antiguas haciendas, ganadería y agricultura— observó el paso de expediciones científicas, embarcaciones fluviales y navegantes que ayudaron a conectar al país con el mundo. También fue testigo del asedio de barcos piratas que, amparados por la noche, navegaban detrás de la isla para lanzarse al amanecer sobre la ciudad.

Esa dimensión histórica ha sido precisamente una de las líneas de trabajo impulsadas por el Observatorio de Santay, concebido como una plataforma flotante para la cultura, la historia y el ambiente del humedal. A través de sus exposiciones, el Observatorio ha buscado acercar a visitantes y comunidades a una memoria territorial muchas veces poco conocida, pero profundamente vinculada a la identidad de Guayaquil y del río Guayas.

Durante estos tres últimos años, las exposiciones desarrolladas por el Observatorio de Santay han recorrido temas diversos: desde la presencia de la expedición científica de Alejandro Malaspina en octubre de 1790, hasta la época de los vapores que llegaban desde puertos extranjeros o realizaban cabotaje entre ciudades marítimas y fluviales del Ecuador.

De manera especial, también se ha expuesto cómo, en la cartografía histórica del antiguo “río de Guayaquil”, nombre con el que durante siglos se conoció al actual río Guayas, la isla Santay ocupaba uno de los referentes naturales más visibles para identificar la localización de Guayaquil.

También han sido presentados antiguos mapas, paisajes históricos, biodiversidad y las transformaciones humanas y ambientales del humedal, permitiendo comprender que Santay forma parte de una historia viva donde naturaleza, navegación, ciudad y comunidad han convivido durante generaciones.

Pensar Santay únicamente como un espacio natural aislado sería reducir su verdadera dimensión. Santay es también memoria del río, patrimonio cultural y territorio socioambiental habitado.

Fortalecer los espacios de educación y cultura dentro del humedal implica, igualmente, fortalecer la relación de la ciudad con su propia historia. En tiempos donde muchas veces vivimos de espaldas a nuestros ríos, recuperar la memoria fluvial de Guayaquil constituye también una forma de reencontrarnos con nuestra identidad.

José Delgado Mendoza, Gestor Cultural y Ambiental, director del Observatorio de Santay

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El otro viaje a clases

Foto: Rafael Valdivieso

Con el inicio de un nuevo año escolar, los niños y jóvenes de Santay vuelven a tomar distintos caminos para estudiar. Los más pequeños recorren la isla hacia la escuela de la comunidad; otros toman el bote para asistir al colegio en Guayaquil, y algunos se arriesgan a caminar por una ciclovía muy deteriorada para cruzar el puente peatonal hacia la ciudad. Para sus familias, cada jornada representa ilusión, esperanza y compromiso.

En Santay, la educación tiene un valor especial porque se sostiene con esfuerzo comunitario y familiar. La escuela de la isla sigue siendo un espacio importante de encuentro, aprendizaje y formación para los niños del humedal. Fortalecerla con electricidad e internet permitiría ampliar sus posibilidades educativas y abrir nuevas ventanas de conocimiento.

Santay no es un humedal vacío ni aislado de la realidad social del país. Es un humedal habitado, donde conservación, educación, movilidad y vida comunitaria conviven diariamente. Por ello, las necesidades de sus niños y jóvenes también forman parte de los desafíos de gobernanza que deben ser atendidos en este territorio socioambiental.

Esta realidad abre una oportunidad concreta: mirar a Santay como un territorio donde la educación puede fortalecerse con soluciones básicas, posibles y urgentes. Llevar energía, conectividad y herramientas digitales a la escuela significaría ampliar el horizonte de aprendizaje de sus estudiantes.

Para los adolescentes que continúan sus estudios en Guayaquil, cada viaje diario representa también una decisión de perseverancia. Sus familias los acompañan con esperanza, procurando que la educación siga siendo el camino más seguro hacia nuevas oportunidades.

En tiempos en que la deserción escolar preocupa a muchas comunidades, Santay recuerda que cada estudiante que permanece en el sistema educativo es una victoria familiar, comunitaria y social.

Pensar el futuro de Santay implica comprender que proteger un humedal habitado no consiste únicamente en conservar su biodiversidad. También significa garantizar condiciones dignas para las comunidades que forman parte de él y que contribuyen diariamente a su cuidado y permanencia.

Acompañar a los niños y jóvenes de Santay es apostar por una isla con más oportunidades. Educar en un humedal habitado no significa solamente abrir aulas: significa cuidar sueños, fortalecer familias y construir futuro desde el territorio.

José Delgado Mendoza, Gestor cultural y ambiental, Director del Observatorio de Santay

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Los niños también conservan humedales

En la isla Santay acaba de culminar el curso vacacional “Pequeños Guardianes del Humedal”. Durante varias semanas, 42 niños y niñas de la comunidad participaron en una experiencia de educación ambiental realizada junto a los guardaparques del área protegida y la asociación de pobladores. Fue una actividad sencilla, pero profundamente significativa: los niños aprendieron sobre su territorio, escucharon a quienes cuidan el área, compartieron juegos, preguntas y aprendizajes, y recibieron sus diplomas como pequeños guardianes del humedal.

Detrás de cada diploma había algo más que una clausura. Había una forma de decirles que Santay también les pertenece como responsabilidad, como memoria y como futuro. La conservación de un humedal empieza también cuando un niño comprende que las aves, los manglares, el río, la escuela y la vida de su comunidad forman parte de una misma historia. En un humedal habitado como Santay, la naturaleza y la comunidad caminan juntas; por eso, educar a sus niños también es una manera concreta de conservar.

Esta experiencia luminosa permite mirar con mayor claridad una realidad que sigue pendiente. La escuela de Santay merece contar con electricidad, internet e infraestructura adecuada. La comunidad merece servicios básicos seguros y accesibles. Las familias han demostrado capacidad de organización para gestionar el acceso al agua potable; sin embargo, ese esfuerzo termina representando probablemente uno de los costos de agua más altos del país.

Estas situaciones revelan la necesidad de una gobernanza más coherente para los humedales habitados. Cuando un territorio es al mismo tiempo área protegida, comunidad, escuela, destino turístico, memoria histórica y ecosistema frágil, la gestión pública debe articular conservación ambiental, educación, servicios básicos, acceso seguro, mantenimiento e inclusión comunitaria. Incluso la cooperación internacional, cuando aparece, parece depender más de esfuerzos de la diáspora y de redes solidarias que de una política estatal sostenida de apoyo a territorios de alto valor ambiental y social.

Ecuador suele presentarse en los espacios internacionales como un país comprometido con la sostenibilidad y la protección de la naturaleza. Esa vocación merece reflejarse también en el territorio, allí donde viven las comunidades que cuidan diariamente esos ecosistemas. Santay necesita que su importancia ambiental se traduzca en presencia institucional sostenida, condiciones dignas y políticas públicas capaces de unir el discurso con la realidad.

La conservación requiere guardaparques, técnicos, autoridades y presupuesto. También requiere escuela, agua, energía, conectividad, afecto comunitario y continuidad. Los humedales se conservan desde los planes de manejo, pero también desde las aulas, desde los espacios comunitarios, desde las caminatas por el sendero, desde las preguntas de los niños y desde cada experiencia que les enseña que cuidar la vida es también cuidar su casa.

Los niños también conservan humedales. Acompañarlos, educarlos y garantizarles condiciones dignas es una de las mejores inversiones que podemos hacer por el futuro de Santay.

José Delgado Mendoza 
Gestor cultural y ambiental
Director del Observatorio de Santay

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Santay: educar para conservar

Un humedal habitado requiere algo más que protección: exige educación, condiciones básicas y coherencia entre el discurso y la realidad.

La isla Santay es reconocida como un humedal de importancia internacional, un espacio donde la conservación de la biodiversidad convive con la vida de una comunidad que ha aprendido, por generaciones, a habitar su entorno. Este carácter de “humedal habitado” no es una debilidad del modelo, sino una de sus mayores fortalezas. Pero también plantea una responsabilidad que no siempre se asume con la misma claridad: la educación ambiental no puede ser un complemento, debe ser el eje.

En este contexto, resulta inevitable observar una contradicción que merece ser reflexionada. Mientras Santay es promovida como símbolo de sostenibilidad, su escuela ha enfrentado durante años la falta de acceso a electricidad y a conectividad a internet. No se trata únicamente de condiciones materiales; se trata de las herramientas mínimas para garantizar procesos educativos continuos, pertinentes y acordes con los desafíos actuales.

Vivir en un humedal exige más educación, no menos. Exige formar a niños y jóvenes que comprendan su territorio, que desarrollen capacidades para cuidarlo y, al mismo tiempo, para proyectarse hacia el mundo. Sin acceso a energía ni a conectividad, esa formación queda inevitablemente limitada desde su base.

En este mismo sentido, acciones valiosas como las mingas de recolección de residuos sólidos deben entenderse en su justa dimensión. La minga es, por naturaleza, un llamado de atención y una respuesta colectiva ante una necesidad urgente; no debería convertirse en una práctica permanente para sostener lo que debe ser parte de un cotidiano bien organizado. Educar no es conmemorar, es sostener procesos. La limpieza y el cuidado del entorno no pueden depender de jornadas aisladas, sino de hábitos, conocimientos y responsabilidades compartidas que se construyen día a día.

A ello se suma una oportunidad evidente: fortalecer el vínculo entre conservación y educación a través de los propios guardaparques. Su presencia constante en el territorio, su conocimiento directo del humedal y su cercanía con la comunidad los convierten en referentes naturales para niños y jóvenes, muchos de los cuales ya los ven como modelos a seguir. Incorporar, de manera planificada y con el debido respaldo institucional, espacios de participación de los guardaparques en procesos educativos podría generar beneficios mutuos: enriquecer la formación de los estudiantes y, al mismo tiempo, fortalecer el sentido de propósito y reconocimiento de quienes cuidan el área protegida.

Sin embargo, en Santay no faltan capacidades. Quienes hemos tenido la oportunidad de compartir con sus estudiantes sabemos que existe curiosidad, compromiso y un profundo sentido de pertenencia. Son jóvenes que no solo pueden ser beneficiarios de la conservación, sino actores clave en su sostenibilidad futura. La pregunta es si estamos creando las condiciones para que ese potencial se desarrolle plenamente.

La conservación de un humedal no puede limitarse a la protección de su entorno natural. Debe incluir, de manera coherente, el fortalecimiento de su tejido social y educativo. De lo contrario, corremos el riesgo de sostener un modelo que protege el paisaje, pero limita las oportunidades de quienes lo habitan.

Santay nos ofrece una oportunidad valiosa: demostrar que es posible construir un modelo de conservación donde naturaleza y comunidad avancen juntas. Para ello, la educación —con acceso real a energía, conectividad y contenidos pertinentes— no es un lujo, sino una condición indispensable.

José Delgado Mendoza
Gestor cultural y ambiental
Director del Observatorio de Santay

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Santay: acceso cerrado, oportunidad abierta

Sin acceso, Santay deja de ser destino y vuelve a ser lo que siempre ha sido: un territorio vivo que aún no entendemos del todo.

El cierre del acceso terrestre a la isla Santay, vigente desde noviembre de 2025, ha evidenciado la disminución del flujo de visitantes y ha vuelto a situar en el centro del debate la gestión de este espacio único frente a Guayaquil, en estrecha relación con Durán. Más allá de la incomodidad inmediata, esta situación revela una oportunidad poco frecuente: replantear el modelo bajo el cual Santay ha sido concebida y administrada.

Durante años, la isla ha sido promovida principalmente como un espacio de recreación. La ciclovía, convertida en símbolo de conexión con la ciudad, permitió acercar a miles de personas a un entorno natural excepcional. Sin embargo, también consolidó una mirada limitada: la de Santay como lugar de visita, más que como un territorio vivo, complejo y habitado. El cierre actual deja en evidencia esa fragilidad: cuando el acceso se interrumpe, la relación con la isla se debilita rápidamente, lo que sugiere que el vínculo construido ha dependido más de la infraestructura que de una comprensión profunda de su valor ecológico y social.

Santay no es únicamente un área protegida ni un destino turístico. Es un humedal habitado, donde coexisten procesos ecológicos de alto valor con una comunidad que ha tejido, durante décadas, su vida en estrecha relación con el entorno. En este contexto, el acceso no debe entenderse solo como un asunto de infraestructura, sino como un tema de gobernanza. ¿Qué tipo de relación queremos construir entre la ciudad y la isla? ¿Una basada en visitas esporádicas o en el reconocimiento de un territorio socioambiental que requiere cuidado, conocimiento y corresponsabilidad?

El momento actual debería impulsar una reflexión más amplia. La reapertura, cuando ocurra, no puede limitarse a restablecer lo que existía, sino que debe convertirse en una oportunidad para mejorar el modelo: integrar de manera efectiva a la comunidad, fortalecer la educación ambiental y redefinir el rol de Santay dentro del sistema urbano y ecológico de Guayaquil y Durán. En este proceso, resulta fundamental que el Ministerio del Ambiente y Energía del Ecuador informe de manera clara y oportuna sobre las causas del cierre, el estado real de la infraestructura y los plazos previstos para su recuperación, ya que la transparencia no solo genera confianza, sino que permite construir una respuesta colectiva mejor orientada.

Porque este cierre deja claro que el problema no es solo cómo llegar a Santay, sino cómo entenderla. Santay sigue allí: viva, habitada y vigente. La decisión pendiente no es técnica, es colectiva.

José Delgado Mendoza
Gestor cultural y ambiental
Director del Observatorio de Santay

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Santay: más que un área protegida

Pensar en la isla solo como un espacio natural limita la comprensión de su verdadera complejidad. Santay es un territorio habitado, y esa condición cambia su gestión.

Durante años, la Isla Santay ha sido vista como un símbolo de conservación. Es un humedal de importancia internacional, un área protegida frente a una de las principales ciudades del país, y un refugio de biodiversidad en medio del estuario del Guayas. Todo eso es cierto, pero también es incompleto. Santay no es solo un ecosistema; es, primero que nada, un territorio vivido.

En Santay vive una comunidad. Familias que han construido su vida en relación con el río, el manglar y los ciclos naturales del humedal. Esta presencia no es reciente ni marginal; es parte fundamental del territorio. Sin embargo, a menudo las formas de pensar y gestionar la isla tienden a ignorar esta dimensión, como si la conservación exigiera separar la naturaleza y la sociedad.

Ese es, quizás, uno de los principales desafíos conceptuales que enfrenta Santay: superar la idea de que proteger implica aislar. En la práctica, la isla nos enseña lo contrario. Aquí, no se puede entender la conservación sin la comunidad, y la comunidad no puede prosperar sin el ecosistema que la sostiene. Es en esa interdependencia donde residen su valor y su complejidad.

Hablar de Santay como un humedal habitado no es solo una frase. Es una forma diferente de entender el territorio y, por tanto, de gestionarlo. Implica reconocer que en este espacio se tiene unas dimensiones ecológicas, sociales, culturales y económicas que no pueden abordarse por separado. También implica aceptar que las decisiones no pueden tomarse solo desde criterios técnicos o administrativos, sino que deben incluir la experiencia de quienes viven y conocen el lugar desde dentro.

Durante décadas, en Santay se han formado procesos que muchas veces no son visibles desde afuera. Estas incluyen prácticas de adaptación al entorno, formas de organización comunitaria, iniciativas de educación ambiental y vínculos con instituciones y actores externos. Este conocimiento acumulado es un recurso fundamental. Ignorarlo empobrece la gestión y la hace menos efectiva.

El desafío, entonces, no es pequeño. Se trata de revisar los enfoques tradicionales de manejo de áreas protegidas y avanzar hacia modelos más completos. La comunidad no debe verse como un elemento a controlar o integrar de manera superficial; debe ser un actor central en la construcción del territorio. También se debe repensar las herramientas de planificación, los métodos de participación y cómo se conectan las políticas públicas con las realidades locales.

Santay tiene una particularidad que debe verse como una oportunidad: su cercanía con la ciudad. Esta proximidad la convierte en un lugar ideal para la educación ambiental, para el encuentro entre lo urbano y lo natural, y para crear una ciudadanía más consciente de su entorno. Pero esta potencialidad solo puede desarrollarse completamente si se reconoce la complejidad del territorio y se actúa en consecuencia.

Reducir Santay a una categoría administrativa o a un destino turístico es perder de vista su dimensión más profunda. Es ignorar que es un territorio donde se cruzan historias, prácticas y expectativas que no pueden simplificarse. Limitarlo es restringir las posibilidades de tener una gestión verdaderamente sostenible.

Pensar en Santay como un humedal habitado no soluciona automáticamente sus problemas, pero sí ayuda a formular mejor las preguntas. ¿Cómo equilibrar la conservación y el desarrollo comunitario? ¿Cómo crear políticas que reconozcan la diversidad de actores? ¿Cómo asegurarse de que las decisiones reflejen la complejidad del territorio y no solo una parte de ella?

Responder a estas preguntas requiere más que normas o infraestructura. Requiere una mirada diferente. Una que entienda que en ciertos territorios la naturaleza y la sociedad no se oponen, sino que coexisten en una relación dinámica que debe ser comprendida antes que regulada. Santay es uno de esos territorios. Reconocerlo como tal es el primer paso para estar a la altura de su realidad.

José Delgado Mendoza,
Gestor cultural y ambiental,
Director del Observatorio de Santay

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