Me parece una frase muy valiosa. Porque recuerda algo esencial: la conservación no puede separarse de la vida de las personas. No se protege realmente un territorio si se deja de lado a quienes lo habitan, lo cuidan o dependen de él. Desde esa misma mirada, creo que vale la pena pensar también en la isla Santay.
Santay es patrimonio
natural del Ecuador. Es un humedal Ramsar, un área protegida y, sobre todo, un
territorio habitado. Allí vive una comunidad que, durante décadas, ha convivido
con el río, el manglar, la pesca, la memoria fluvial y las posibilidades de un
turismo comunitario responsable.
Por eso, cuando el acceso
permanece cerrado, cuando la infraestructura se deteriora, cuando la movilidad
diaria se vuelve cada vez más difícil, cuando la escuela y las actividades
comunitarias enfrentan tantas limitaciones, no solo se afecta a un espacio
natural.
Se afecta también a la gente. A las familias que viven allí. A los niños que estudian allí. A quienes han tratado de sostener, con mucho esfuerzo, una relación digna entre conservación, comunidad y trabajo. No se trata de comparar a Santay con Galápagos. Mucho menos de restar importancia al valor inmenso que tienen las islas para el Ecuador y para el mundo. Se trata, más bien, de que esa misma coherencia pueda llegar también a otros territorios protegidos del país.
Porque Santay también necesita atención. Necesita mantenimiento, seguridad, acompañamiento institucional y condiciones mínimas para que su comunidad pueda seguir viviendo con dignidad dentro de un área protegida. Santay no pide privilegios. Pide algo más sencillo y justo: que el principio sea el mismo. Si proteger el patrimonio natural significa proteger también el bienestar de su gente, entonces la conservación de Santay debe incluir a su comunidad, sus accesos, su escuela, su economía local y su dignidad cotidiana.
Porque un área protegida
no se conserva solo con declaratorias. Se conserva con presencia, cuidado, responsabilidad
y continuidad.
