Durante los últimos meses se ha vuelto frecuente escuchar que la comunidad de la Isla Santay debe involucrarse en la búsqueda de soluciones para recuperar el turismo afectado por el cierre del acceso peatonal y ciclista. La participación comunitaria siempre es positiva y necesaria. Santay ha demostrado durante años organización, resiliencia y compromiso con su territorio.
Sin embargo, existe una
diferencia fundamental entre colaborar en las soluciones y asumir
responsabilidades que corresponden al Estado.
La infraestructura de
acceso a Santay, incluida la calzada compartida para peatones y bicicletas, fue
concebida, diseñada, contratada, fiscalizada y administrada por instituciones
públicas. Aunque eventualmente pobladores de la isla hayan participado como
mano de obra en determinadas etapas, eso no significa que la comunidad haya
tenido responsabilidad técnica, contractual o institucional sobre la obra. No
fue la comunidad quien definió los materiales, aprobó los diseños, supervisó
técnicamente su instalación ni administró los recursos destinados a su
construcción y mantenimiento.
Por ello resulta legítimo
preguntarse por qué, casi diez años después de que la Contraloría General delEstado identificara problemas técnicos y deterioro prematuro en esa
infraestructura elevada, la situación ha terminado afectando principalmente a
quienes menos responsabilidad tuvieron en su origen.
Detrás de esta situación
existen familias, emprendedores, estudiantes y trabajadores que han visto
reducirse las oportunidades asociadas al turismo comunitario. Mientras tanto,
la discusión pública parece trasladar cada vez más hacia la propia comunidad la
responsabilidad de encontrar soluciones.
La pregunta no debería
ser quién tiene la culpa. La pregunta es quién tiene la responsabilidad.
Las comunidades pueden
colaborar, aportar ideas y convertirse en aliadas de la conservación y el
desarrollo local. Pero no deberían verse obligadas a sustituir las obligaciones
de las instituciones responsables de garantizar la seguridad, el mantenimiento
y la continuidad de obras construidas con recursos de todos los ecuatorianos.
Santay continúa demostrando su compromiso con la conservación, la educación ambiental y el turismo comunitario. Lo mínimo que merece es que las instituciones responsables asuman también el suyo. Porque cuando una obra pública deja de funcionar, no debería ser la comunidad más pequeña la que cargue con el peso más grande.
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NOTA: La imágenes no hace parte del contenido publicado en El Comercio. Pero si hacen parte de la historia de Santay.
