Han pasado 231 días desde el cierre del acceso peatonal y ciclista a la Isla Santay. Lo que inicialmente pudo entenderse como una medida necesaria por razones de seguridad, hoy se ha convertido en una espera demasiado larga para una comunidad que vive dentro de un humedal de importancia internacional.
Santay no es únicamente un sitio turístico. Es un territorio habitado, con
familias, niños, escuela, memoria, trabajo comunitario y una relación diaria
con el río y el humedal. Cuando el acceso permanece cerrado durante tantos
meses, no se detiene solamente la visita turística: se afecta la economía
local, se limita la educación formal y ambiental, se debilita la vida
comunitaria y se golpea la dignidad de una población que ha demostrado por años
compromiso con su territorio.
La infraestructura de acceso a Santay fue ejecutada con recursos públicos.
Por tanto, debía estar sujeta a planificación, fiscalización, mantenimiento y
control. Si el propio Estado identificó problemas técnicos o deficiencias en
esas obras, correspondía activar oportunamente los mecanismos institucionales
para exigir reparaciones, responsabilidades y soluciones. Lo que no podía
ocurrir era que la infraestructura quedara abandonada y que las consecuencias
terminaran cayendo sobre la comunidad.
Además, han pasado cerca de diez años desde que la Contraloría General del
Estado, en un informe especial, advirtió que el material utilizado en las
ciclovías no tendría una duración adecuada, tanto por su calidad como por la
forma en que fue colocado. Es decir, el deterioro actual no puede presentarse
como una sorpresa. Hubo señales, observaciones y alertas institucionales que
debieron activar decisiones oportunas.
Lo más triste es que este caso no ha sido invisible. Ha pasado por
escritorios, informes, reuniones y competencias institucionales. Algunos
funcionarios, incluso, han conocido el caso desde distintas funciones públicas,
viendo regresar el mismo problema una y otra vez sin que se active una
respuesta suficiente. Sin embargo, ni siquiera parece haberse hecho lo mínimo
indispensable: pedir una actualización administrativa del caso, conocer el
estado real de las gestiones entre las carteras responsables, exigir
información técnica clara y comunicar a la comunidad una ruta concreta de
solución. Cuando una comunidad espera durante meses sin respuestas, el silencio
también se vuelve una forma de abandono.
Desde las esferas burocráticas resulta fácil cuestionar la falta de
participación o interés de la comunidad en mejorar las condiciones de una
infraestructura pública. Pero la realidad en Santay es distinta: cuando las
respuestas institucionales no llegan, la comunidad intenta sostener su
territorio con lo poco que tiene.
En medio de esta larga espera, pobladores de Santay han realizado trabajos
por iniciativa propia en algunos sectores de la ciclovía, sin recursos
estatales y con enormes limitaciones materiales. Ese esfuerzo no debe ser mal
visto. Al contrario, demuestra compromiso, organización y sentido de
pertenencia. Pero también revela una situación preocupante: una comunidad no
debería verse obligada a asumir, con sus propios medios, tareas que
corresponden a una obra pública.
También preocupa la seguridad. Mientras en otros espacios se discute cómo
fortalecer la protección de las áreas protegidas, en Santay, a pocos cientos de
metros de Guayaquil y Durán, dos ciudades densamente pobladas y centrales para
la vida económica del país, una comunidad sigue esperando respuestas concretas.
La seguridad no puede ser un discurso lejano cuando los habitantes, visitantes
y guardaparques enfrentan riesgos cotidianos derivados del deterioro, el
abandono y la falta de vigilancia suficiente.
El turismo comunitario no puede seguir paralizado indefinidamente. Muchas
familias han construido, con esfuerzo y constancia, una forma honesta de
recibir visitantes, contar su historia y mostrar el valor de vivir en un área
protegida. Cada día de cierre significa menos ingresos, menos oportunidades y
más incertidumbre.
Es comprensible que existan problemas técnicos, administrativos o
presupuestarios. Pero lo que no resulta aceptable es que la espera se prolongue
sin información clara, sin plazos públicos y sin una hoja de ruta visible para
la reparación y reapertura segura del acceso.
Santay no puede seguir esperando mientras la vida comunitaria, la educación
y el turismo se mantienen detenidos. Las instituciones responsables deben
informar con transparencia qué se ha hecho, qué falta por hacer, quién tiene la
competencia directa, qué acciones de control se han iniciado y cuándo se
devolverá a la comunidad y a la ciudadanía un acceso digno, seguro y funcional.
La conservación no puede sustentarse únicamente en discursos. Necesita
decisiones, mantenimiento, presupuesto, coordinación institucional, seguridad,
control público y respeto por la gente que vive en los territorios protegidos.
Santay ya esperó demasiado. No es posible que un proyecto estatal, creado
para conectar y beneficiar a una comunidad, termine convirtiéndose en su
calvario.
José Delgado Mendoza, Gestor Cultural y Ambiental. Director del Observatorio de Santay
Fotos: Wladimir Torres
Este contenido ha sido publicado originalmente por EL COMERCIO https://www.elcomercio.com/cartas/cartas-a-quito-22-de-julio-de-2026/
