Es posible que dentro del
sistema de Economía Popular y Solidaria las asociaciones ocupen un lugar menos
visible que las cooperativas, sobre las cuales suele concentrarse mayor
atención institucional. Pero eso no debería convertirlas en organizaciones de
segunda categoría. Si una comunidad se organiza bajo esta figura, cumple
requisitos y forma parte del sistema, debe existir también un compromiso de
fortalecimiento que acompañe esa pertenencia.
El problema de Santay no
es la falta de voluntad comunitaria. El problema es que la Economía Popular y
Solidaria no puede limitarse a registrar organizaciones, supervisarlas o
pedirles requisitos. En territorios frágiles, habitados y ambientalmente estratégicos,
debe traducirse en presencia, guía, formación y acompañamiento permanente.
Santay podría ser un caso
piloto nacional de economía solidaria aplicada a un humedal habitado y a un
área protegida con población local. Allí convergen conservación, turismo
comunitario, educación ambiental, cultura fluvial y economía local. Pero para que
eso ocurra, se necesita una acción coordinada entre las instituciones de
economía popular y solidaria, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de
Turismo, los gobiernos locales de Guayaquil y Durán, la academia y la propia
comunidad.
No se puede pedir a una
comunidad que cuide un humedal, habite responsablemente un área protegida,
reciba visitantes, sostenga servicios y genere ingresos dignos si el Estado no
la acompaña de manera seria. La Economía Popular y Solidaria será realmente transformadora
cuando llegue a territorios como Santay no solo como normativa, sino como una
política viva, cercana y útil.
Santay no necesita más
discursos sobre desarrollo territorial. Necesita que esos discursos se
conviertan en acompañamiento concreto.
José Delgado Mendoza, Gestor Cultural y Ambiental, Director del Observatorio de Santay
Este contenido ha sido publicado originalmente por EL COMERCIO. : https://www.elcomercio.com/cartas/cartas-a-quito-3-de-agosto-de-2026/
