Santay no puede seguir esperando

Han pasado 231 días desde el cierre del acceso peatonal y ciclista a la Isla Santay. Lo que inicialmente pudo entenderse como una medida necesaria por razones de seguridad, hoy se ha convertido en una espera demasiado larga para una comunidad que vive dentro de un humedal de importancia internacional.

Santay no es únicamente un sitio turístico. Es un territorio habitado, con familias, niños, escuela, memoria, trabajo comunitario y una relación diaria con el río y el humedal. Cuando el acceso permanece cerrado durante tantos meses, no se detiene solamente la visita turística: se afecta la economía local, se limita la educación formal y ambiental, se debilita la vida comunitaria y se golpea la dignidad de una población que ha demostrado por años compromiso con su territorio.

La infraestructura de acceso a Santay fue ejecutada con recursos públicos. Por tanto, debía estar sujeta a planificación, fiscalización, mantenimiento y control. Si el propio Estado identificó problemas técnicos o deficiencias en esas obras, correspondía activar oportunamente los mecanismos institucionales para exigir reparaciones, responsabilidades y soluciones. Lo que no podía ocurrir era que la infraestructura quedara abandonada y que las consecuencias terminaran cayendo sobre la comunidad.

Además, han pasado cerca de diez años desde que la Contraloría General del Estado, en un informe especial, advirtió que el material utilizado en las ciclovías no tendría una duración adecuada, tanto por su calidad como por la forma en que fue colocado. Es decir, el deterioro actual no puede presentarse como una sorpresa. Hubo señales, observaciones y alertas institucionales que debieron activar decisiones oportunas.

Lo más triste es que este caso no ha sido invisible. Ha pasado por escritorios, informes, reuniones y competencias institucionales. Algunos funcionarios, incluso, han conocido el caso desde distintas funciones públicas, viendo regresar el mismo problema una y otra vez sin que se active una respuesta suficiente. Sin embargo, ni siquiera parece haberse hecho lo mínimo indispensable: pedir una actualización administrativa del caso, conocer el estado real de las gestiones entre las carteras responsables, exigir información técnica clara y comunicar a la comunidad una ruta concreta de solución. Cuando una comunidad espera durante meses sin respuestas, el silencio también se vuelve una forma de abandono.

Desde las esferas burocráticas resulta fácil cuestionar la falta de participación o interés de la comunidad en mejorar las condiciones de una infraestructura pública. Pero la realidad en Santay es distinta: cuando las respuestas institucionales no llegan, la comunidad intenta sostener su territorio con lo poco que tiene.

En medio de esta larga espera, pobladores de Santay han realizado trabajos por iniciativa propia en algunos sectores de la ciclovía, sin recursos estatales y con enormes limitaciones materiales. Ese esfuerzo no debe ser mal visto. Al contrario, demuestra compromiso, organización y sentido de pertenencia. Pero también revela una situación preocupante: una comunidad no debería verse obligada a asumir, con sus propios medios, tareas que corresponden a una obra pública.

También preocupa la seguridad. Mientras en otros espacios se discute cómo fortalecer la protección de las áreas protegidas, en Santay, a pocos cientos de metros de Guayaquil y Durán, dos ciudades densamente pobladas y centrales para la vida económica del país, una comunidad sigue esperando respuestas concretas. La seguridad no puede ser un discurso lejano cuando los habitantes, visitantes y guardaparques enfrentan riesgos cotidianos derivados del deterioro, el abandono y la falta de vigilancia suficiente.

El turismo comunitario no puede seguir paralizado indefinidamente. Muchas familias han construido, con esfuerzo y constancia, una forma honesta de recibir visitantes, contar su historia y mostrar el valor de vivir en un área protegida. Cada día de cierre significa menos ingresos, menos oportunidades y más incertidumbre.

Es comprensible que existan problemas técnicos, administrativos o presupuestarios. Pero lo que no resulta aceptable es que la espera se prolongue sin información clara, sin plazos públicos y sin una hoja de ruta visible para la reparación y reapertura segura del acceso.

Santay no puede seguir esperando mientras la vida comunitaria, la educación y el turismo se mantienen detenidos. Las instituciones responsables deben informar con transparencia qué se ha hecho, qué falta por hacer, quién tiene la competencia directa, qué acciones de control se han iniciado y cuándo se devolverá a la comunidad y a la ciudadanía un acceso digno, seguro y funcional.

La conservación no puede sustentarse únicamente en discursos. Necesita decisiones, mantenimiento, presupuesto, coordinación institucional, seguridad, control público y respeto por la gente que vive en los territorios protegidos.

Santay ya esperó demasiado. No es posible que un proyecto estatal, creado para conectar y beneficiar a una comunidad, termine convirtiéndose en su calvario.

José Delgado Mendoza, Gestor Cultural y Ambiental. Director del Observatorio de Santay

Fotos: Wladimir Torres

Este contenido ha sido publicado originalmente por EL COMERCIO https://www.elcomercio.com/cartas/cartas-a-quito-22-de-julio-de-2026/