Santay ofrece ejemplos muy claros. El puente de acceso se encuentra en
buenas condiciones, pese al impacto sufrido en octubre de 2025, pero el ingreso
terrestre de turistas permanece cerrado desde hace más de 300 días. Una de las
ciclovías prácticamente ha desaparecido y otra corre el riesgo de seguir el
mismo camino; si todavía existe, es en buena medida porque constituye el único
acceso terrestre para la población de la isla. También está la cocodrilera,
concebida como espacio de conservación, educación ambiental y visita turística,
hoy muy descuidada y sin visitantes. Su deterioro significa perder una
oportunidad para educar, generar conocimiento y fortalecer un turismo
comunitario que, precisamente, lleva meses sin poder recibir visitantes por vía
terrestre.
Pero quizá el ejemplo más difícil de explicar sea el de la escuela de
Santay, que no cuenta con electricidad ni internet. En pleno siglo XXI, estas
carencias no son detalles secundarios: limitan el aprendizaje, la comunicación,
el acceso a herramientas educativas y las oportunidades de niños y docentes. Se
protege el territorio, pero no siempre se garantizan las condiciones mínimas
para quienes lo habitan, y esa contradicción también debería formar parte del
debate ambiental.
Proteger un área natural no puede consistir únicamente en determinar qué no
puede hacerse dentro de ella. Las restricciones son necesarias, pero también
debemos preguntarnos qué necesita un territorio para mantenerse vivo. En Santay
habita una comunidad que forma parte de la historia de la isla. Sus pobladores
no son un elemento externo al humedal, sino parte del territorio y de cualquier
proyecto serio sobre su futuro. Mantener los accesos, recuperar adecuadamente
la cocodrilera y garantizar electricidad e internet en la escuela puede mejorar
la educación, facilitar la conservación y permitir actividades económicas
compatibles con la protección del humedal.
Porque también existe un impacto producido por el abandono. Una ciclovía
que desaparece, una cocodrilera que se deteriora, una escuela sin electricidad
ni internet y más de 300 días sin ingreso terrestre de turistas tienen
consecuencias que van mucho más allá de una obra o un servicio. Afectan la
educación, el turismo, la economía comunitaria y la relación de la población
con el área protegida. No hacer nada también transforma el territorio.
Santay necesita una política ambiental capaz de mirar el territorio
completo: naturaleza, comunidad, servicios, accesos y mantenimiento. Conservar
un humedal habitado no significa solamente cuidar el ecosistema, sino también
hacer posible la vida de quienes forman parte de él.
José Delgado Mendoza, Gestor Cultural y Ambiental y Director del Observatorio de Santay
Este contenido ha sido publicado originalmente por EL COMERCIO. Enlace hacia la nota original en la dirección: https://www.elcomercio.com/cartas/cartas-a-quito-3-de-octubre-de-2026/
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