Santay: entre la protección legal y el abandono cotidiano

Santay es un humedal protegido, reconocido internacionalmente y sometido a distintas figuras de conservación. Sobre el papel, su importancia ambiental está fuera de discusión. Sin embargo, la vida cotidiana de la isla muestra una realidad mucho más contradictoria.

El acceso turístico permanece cerrado desde hace meses. La infraestructura que durante años permitió conectar a Santay con Guayaquil continúa deteriorada y, mientras el tiempo pasa, resulta difícil para la ciudadanía comprender quién tiene realmente la responsabilidad de repararla, mantenerla y garantizar nuevamente un acceso seguro. Las competencias parecen repartirse entre varias instituciones, pero cuando llega el momento de actuar, las respuestas no siempre son igual de claras.

Ese problema va mucho más allá del turismo. El cierre afecta directamente a las familias que dependen de los visitantes, limita actividades educativas y comunitarias y profundiza una sensación de aislamiento que Santay conoce demasiado bien. Una infraestructura abandonada no es solamente madera, metal o cemento deteriorándose: representa oportunidades que desaparecen para una comunidad.

A esta situación se suma ahora un nuevo desafío ambiental. La llegada de El Niño obliga a mirar con mayor preocupación el estado de muelles, estructuras, embarcaciones, drenajes y sistemas de acceso. En un territorio insular y estuarino, prepararse para lluvias intensas, variaciones del río y otros efectos meteorológicos no debería comenzar cuando aparezca la emergencia. La prevención también forma parte de la conservación.

Mientras tanto, buena parte de las respuestas cotidianas continúan dependiendo del esfuerzo de la propia población de Santay y de organizaciones de la sociedad civil. Son los habitantes de la isla quienes soportan de manera más directa el aislamiento, la reducción de ingresos, las dificultades de movilidad y las limitaciones que provoca el deterioro de la infraestructura. Y son también ellos quienes, junto con distintas iniciativas ciudadanas, mantienen actividades, cuidan espacios, buscan soluciones y hacen posible que Santay continúe funcionando a pesar de las dificultades.

Ese esfuerzo merece reconocimiento, pero también plantea una pregunta incómoda: ¿hasta dónde puede exigirse a una comunidad y a la sociedad civil que compensen con esfuerzo propio la falta de respuestas que corresponden a las instituciones públicas? La población de Santay no puede convertirse permanentemente en la parte más sacrificada de un sistema de protección que, precisamente, debería mejorar sus condiciones de vida y garantizar su relación sostenible con el humedal.

Proteger un humedal no consiste únicamente en declararlo área protegida, incorporarlo a convenios internacionales o mencionarlo en documentos oficiales. Proteger significa también cuidar a la comunidad que lo habita, mantener su infraestructura, garantizar condiciones dignas, anticipar riesgos ambientales, coordinar responsabilidades y actuar antes de que los problemas se conviertan en emergencias.

No me cansaré de insistir: Santay no necesita más indefiniciones sobre quién debe hacer qué. Necesita coordinación, responsabilidades claras y decisiones.

Porque entre la protección legal y la conservación real existe una diferencia fundamental: la primera se escribe; la segunda se demuestra todos los días. Fotos: Wladimir Torres

José Delgado Mendoza, Gestor Cultural y Ambiental y Director del Observatorio de Santay

Este contenido ha sido publicado originalmente por EL COMERCIO.  https://www.elcomercio.com/cartas/cartas-a-quito-29-de-septiembre-de-2026/